No puede pasar desapercibida la declaración de la Asociación de Hospitales y Clínicas de Colombia  -a la cual pertenecen doscientas instituciones-,  referente a la falta de una política estatal hospitalaria y a la tendencia del Gobierno a manejar los asuntos de salud mediante planes de contingencia, es decir, a través de la improvisación.

Se ha hecho por la Asociación un llamado urgente para que el Estado pague a los hospitales públicos algo así como un billón de pesos que se les adeudan por servicios prestados a personas que no pertenecen al régimen  subsidiado ni al contributivo.

Según la información de prensa, el pronunciamiento ha tenido origen en un encuentro convocado a partir de graves hechos ocurridos en la última semana, entre ellos el cierre del Hospital Caldas  -el más grande del Eje cafetero-, cuya deuda asciende a 20.000 millones de pesos, y la parálisis en que se halla el Hospital Ramón González Valencia, de Bucaramanga, que tiene deudas por más de 53.000 millones de pesos.

La Asociaciónha recordado la desaparición del Hospital Universitario de Cartagena, que adeudaba 25.859 millones de pesos a sus empleados, y la extinción de la Clínica Club de Leones, con obligaciones impagadas por 15.000 millones de pesos.

Según el diario “El Tiempo”, el gremio calificó de absurdo el fenómeno que, a la par con el cierre de hospitales públicos, se viene presentado: “Una explosión de clínicas y hospitales nuevos, sobre todo de carácter privado, que gastan enormes sumas en equipos y en su mantenimiento, mientras que las universidades siguen graduando médicos, sin que nadie controle esas tres variables”.

Un Estado imprevisivo, improvisador y desordenado, en el que este tipo de situaciones se presentan, con el consiguiente daño causado a la población, no es un Estado Social de Derecho.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que la creación del Ministerio de Protección Social, refundiendo las antiguas carteras de Trabajo y de Salud, no le ha hecho bien ni al trabajo ni a la salud, dispersando esfuerzos, incomunicando al Ejecutivo con los respectivos sectores y tergiversando los objetivos de la actividad estatal,  lo que ha popularizado que se lo conozca como “Ministerio de la DesprotecciónSocial”.

Entre los despidos masivos de trabajadores, el caos pensional, la reforma laboral que quitó garantías con el pretexto de incentivar el empleo  -sin lograrlo-,  y el cierre de hospitales públicos, sin contar el desamparo de los afiliados y usuarios de las E.P.S.    –que condicionan la prestación de sus servicios a la interposición de tutelas-,  asistimos a un verdadero desplome de la función  social del Estado.

Se presenta sin duda lo que la Corte Constitucional ha dado en llamar “un estado de cosas inconstitucional”, toda vez que este panorama es exactamente el contrario al previsto por el Constituyente.

De allí que el S.O.S. lanzado por los hospitales sea apenas la punta del iceberg. Veremos  cómo responde el Gobierno.