Aunque los antecedentes no son muy alentadores en lo que respecta a resultados, porque en el país se han expedido varias leyes denominadas en forma similar o igual y con los mismos objetivos sin que ellas hayan podido contrarrestar la actividad de los delincuentes incrustados en las entidades públicas, no deja de ser importante el hecho de que el Presidente Santos y sus ministros hayan logrado que se aprobara en el Congreso un nuevo Estatuto Anticorrupción.
Se trata de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, que comienza a regir inmediatamente, a partir de su promulgación. Ciento treinta y cinco artículos a cuyo estudio me dispongo, y que el Gobierno estima adecuados al momento que vive la República en esta materia, por cuyos benéficos efectos en el campo del Derecho y la moralidad administrativa todos hacemos votos.
Lo cierto es que Santos ha llevado el tema de la indispensable lucha contra la corrupción al primer lugar de sus prioridades de Gobierno, y en eso debe contar con el apoyo decidido y firme de los organismos de control, de los jueces, de la academia, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, que en estos meses de la nueva administración nacional, merced a la eficaz actividad de ésta y de instituciones como la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría, ha presenciado estupefacta cómo se destapan escándalos inimaginables en las más diversas esferas de la actividad pública y privada.
Lo que debemos subrayar, como observadores, es un encomiable compromiso del Jefe del Estado, que ha optado por dirigir personalmente y por coordinar las actividades de investigación, en varios frentes que antes permanecieron intocados, como es el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Sistema de Salud, la Dian, el Inco, y en actividades como la contratación administrativa, para desenmascarar y llevar a la cárcel a quienes han conformado verdaderas bandas criminales concebidas solamente para defraudar al fisco y para quedarse con el patrimonio público.
Era indispensable que alguien asumiera en serio esta tarea, y afortunadamente ha coincidido la voluntad del Presidente Santos y de sus ministros y colaboradores -como es el caso muy afortunado del Director Nacional de Estupefacientes- con el propósito que en el mismo sentido se advierte en los organismos de control y en las corporaciones judiciales.
En cuanto a la legislación, lo que todos esperamos es que se aplique; que los correctivos contemplados en la nueva normatividad no se queden escritos; y en que los procesos penales, las actuaciones disciplinarias y los juicios fiscales se lleven a cabo con la necesaria celeridad, sin perjuicio del respeto al debido proceso y al derecho de defensa de los implicados, para que con prontitud se le haga justicia a la sociedad colombiana y se defienda con eficiencia el patrimonio de todos, castigando ejemplarmente a quienes sean encontrados culpables de corrupción.
