Se adelanta en el país la campaña con miras a las elecciones del 12 de marzo para escoger a quienes serán los nuevos senadores y representantes durante el período que transcurra entre el 20 de julio de 2006 y el 20 de julio de 2010.
Es una campaña corta, que tiene además sus propias características, no sólo por cuanto se encuentra ligada necesariamente al proceso de escogencia del Presidente de la República con la posibilidad vigente de la reelección del actual Mandatario, sino por las nuevas reglas, aplicables al Congreso, derivadas de la reforma política introducida mediante Acto Legislativo Nº. 1 de 2003: listas únicas, umbral, cifra repartidora, voto preferente, entre otras instituciones, ya probadas en los comicios celebrados para diputados y concejales en 2003, pero novedosas en lo que respecta a las cámaras legislativas.
El curso de esta campaña se muestra a todas luces accidentado y complejo, precisamente por las enunciadas características y también por el elemento perturbador de la injerencia de grupos armados, como los paramilitares, en el campo de la actividad política.
Desde 2002 lo dijo con claridad el candidato Horacio Serpa, pero el país no le prestó atención, y ahora, cuando el fenómeno se ha hecho evidente y dominante en el panorama de la política nacional, se han tomado por los partidos y movimientos políticos algunas determinaciones orientadas a la purga de las listas, aunque mucho nos tememos que las exclusiones hasta ahora anunciadas no cobijan a todos aquellos a quienes deberían cobijar.
El Gobierno, de otro lado, está interfiriendo también el trámite de la campaña, con la utilización de la Casa de Nariño y de los bienes públicos con objetivos proselitistas, e inclusive en días recientes se ha dado el bochornoso caso de las acusaciones infundadas contra el Senador Rafael Pardo, cuyos orígenes y razones no hemos podido establecer todavía.
Entre tanto, los candidatos se encuentran dedicados por completo a la mecánica electoral y a resolver discrepancias y disputas internas, relacionadas con la ubicación de sus nombres en las respectivas listas, y con la publicidad de sus aspiraciones, la que debe darse en el angustioso término de mes y medio, pero sin entrar -como debería ocurrir- en el terreno de las propuestas, los conceptos políticos, las ideas, los debates referentes a aquellos asuntos que serán objeto de la actividad legislativa en los próximos cuatro años, en una ausencia total de controversia programática, como si a ninguno interesara el fondo mismo de la función que se va a encomendar en las urnas, por el pueblo, a los nuevos senadores y representantes.
Diríase que los ciudadanos van a votar a ciegas, sin conocer programas ni proyectos; sin identificar líneas de pensamiento; sin definir tendencias políticas sustanciales; sin ubicar a los candidatos por su ideología o por la de los partidos por los cuales se inscriben, pues varias listas no son otra cosa que “mezcolanza política”; sin establecer tampoco el más mínimo compromiso entre los elegidos y los electores; en fin, van a sufragar por unos colores partidistas desdibujados y por los números de ubicación de los candidatos en la tarjeta electoral, con la posibilidad en muchos casos de equivocarse.
