Es una buena decisión la de la Corte Constitucional en el sentido de declarar que el acuerdo firmado el año pasado entre Colombia y los Estados Unidos para el establecimiento de siete bases norteamericanas en nuestro territorio no puede surtir efectos jurídicos internos por cuanto falta la aprobación del Congreso y el examen de constitucionalidad  -formal y material-  de la propia Corte.

Lo habíamos dichos desde la Academia y en nuestras columnas periodísticas, y también lo había expresado con claridad meridiana el Consejo de Estado, pero el Gobierno no quiso hacer caso alegando que este era un acuerdo en forma simplificada, destinado apenas a desarrollar convenios internacionales anteriores celebrados desde 1974.

Como acertadamente lo concluyó la Corte Constitucional, este era un verdadero Tratado Internacional, con un contenido autónomo y distinto; con unas nuevas cláusulas no derivadas de los tratados precedentes; con unos compromisos muy delicados de Colombia; con obligaciones que nuestro Estado contraía sólo en virtud de este instrumento.

La Corte encontró que, por tanto, el acto complejo en que consiste todo tratado público iba apenas a mitad del camino que ha debido recorrer. Tenía que ser aprobado por ley del Congreso y sometido a la revisión constitucional para que pudiera después ratificarse.

En efecto, como perentoriamente lo señala el artículo 224 de la Constitución, los tratados, para su validez, requieren la aprobación del Congreso. Y el único caso en que pueden principiar a aplicarse provisionalmente, sin tal aprobación, es el de los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el seno de organizaciones internacionales que así lo contemplen. Este no era el caso.

Sólo después de cumplidos esos requisitos podrá el Presidente comprometer la palabra de Colombia en el plano internacional mediante la ratificación. Y entonces, que venga la ejecución del Tratado, y que lleguen los soldados gringos. Antes no.

Así, lo que se venía haciendo como ejecución del acuerdo, creemos que debe ser desmontado mientras se dan los pasos que faltan.

Ahora, que no le echen la culpa de lo acontecido a la Corte Constitucional, que se ha limitado a dictaminar lo que constitucionalmente se debe hacer. Esa sería una actuación tan torpe como la del paciente que la emprende contra el médico porque le dice que padece una enfermedad grave.

Ahora bien, es necesario que, no obstante haber sido el doctor Santos el Ministro de Defensa cuando se negoció y firmó el acuerdo, el nuevo Gobierno reflexione acerca de si son convenientes y necesarias siete bases militares en nuestro territorio. Los propios norteamericanos se preguntaban en su momento si no eran muchas.