La Presidenciade la República divulgó un comunicado en el que manifiestó que el periodista Hollman Morris, quien cuenta con protección del Estado, ha roto sus compromisos, y que por lo tanto se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos “la regulación de las medidas cautelares del periodista (…), para ajustarlas al deber de protección consagrado por la Corte Constitucional”.

De acuerdo con el mismo comunicado, Morris, “a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado, del cual demanda protección”.

El comunicado gubernamental no brilla propiamente por la claridad de sus términos, por lo cual es necesario recordar los acontecimientos que lo anteceden.

Se trata de que el periodista Hollman Morris adelantaba una actividad periodística en la zona en que iba a producirse la liberación de los soldados y policías unilateralmente liberados por las FARC la semana pasada, y además de ser criticado por el Gobierno, por considerarse  -a mi juicio, de manera injusta-  que era inadecuada su actuación, fue retenido durante varias horas por el Ejercito, de todo lo cual era legítimo que el comunicador se quejara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que reclamara un mínimo respeto para las libertades de información, expresión y locomoción.

Los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA publicaron el 9 de febrero un comunicado rechazando las declaraciones del Ejecutivo colombiano, por estimar que se lesionaba la libertad de expresión y de prensa del enunciado periodista.

Más allá de la polémica que plantea el Gobierno, acerca de que Morris se haya arriesgado para conseguir el reportaje que buscaba en zonas dominadas por la guerrilla, conviene dar el debate en el país acerca de si con la retención, que  -según entiendo- la Defensoría del Pueblo calificó de arbitraria, y con las admoniciones públicas del Ejecutivo, que buscan presentar al periodista como vinculado con la organización armada, se está afectando el legítimo ejercicio de la libertad de prensa y de la profesión periodística. Tengo la impresión de que, en efecto, se violan esas libertades, y considero que esa violación está acompañada de una extrema intolerancia oficial.

Una cosa es cierta: aunque puede haber riesgo, en el mundo  -no ahora sino desde hace muchos años-  existen los corresponsales de guerra. Una de las actividades periodísticas de mayor importancia para la información sobre lo que acontece en zonas de conflicto es precisamente esa corresponsalía, y sin la gestión de tales profesionales, que ponen en riesgo su vida, no sabríamos nada de lo que ocurre en Afganistán, en Irak o en la Franja de Gaza.

Lo otro es que, para el ejercicio del periodismo, no puede haber lugares vedados dentro del territorio, y que tampoco se puede pretender que se le pida permiso al Gobierno para adelantar un reportaje o para preparar un documental.

Y menos todavía es garantía, a la luz de la Constitución, que el Ejecutivo siga en su mala costumbre de tratar como terroristas a sus críticos, o con la de vincular a un periodista con movimientos guerrilleros, por el solo hecho de que ejerza su profesión.