Con mucha razón se ha generado debate acerca de la orden militar del Presidente Santos en el sentido de contrarrestar o repeler los ataques de la guerrilla efectuados desde casas civiles mediante la destrucción de las mismas, o por bombardeos.

Semejante idea es claramente violatoria de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, y significa involucrar a civiles inocentes en la lucha armada, cuando ellos son apenas víctimas  -las más directas- de la actividad terrorista desplegada por las Farc.

Imaginemos el caso de una familia que habita en cualquiera de los municipios del Cauca, que se ve invadida en su lugar de residencia por los guerrilleros, quienes por la fuerza dominan a sus integrantes y aprovechan la vivienda como parapeto, con el objeto de disparar contra los uniformados. Esa familia está prácticamente secuestrada; su casa usada a la fuerza para fines criminales; y además de eso, con esta brillante idea, el inmueble en la mira del Gobierno para ser destruido, con el  consiguiente riesgo en que quedarían sus habitantes. Algo completamente injusto que, si hay el previsible daño a los derechos humanos, sería un crimen de guerra, sólo que no lo cometería la guerrilla sino el Estado colombiano.

Tampoco es comprensible la explicación del Ministro de Defensa al respecto, quien dice ahora que se iniciarán procesos de extinción de dominio respecto a esas casas, sin que se configure ninguna de las causales constitucionales, y sin que ese procedimiento –del todo improcedente a la luz de las normas en vigor-  resulte tampoco eficaz, por tardío, desde el punto de vista militar.

Si algo debe caracterizar las acciones del Estado contra los terroristas  -que, todos estamos de acuerdo, lo son los dirigentes y miembros de las FARC-  es el respeto al Derecho Internacional Humanitario en el curso del conflicto armado, y sobre todo la ética, que le impide igualarse o equiparar sus estrategias o las estratagemas y a los procedimientos ilícitos a los que acostumbra acudir la delincuencia organizada.

Repitamos una vez más lo que sostuvimos cuando el Estado premió con jugosa recompensa a un guerrillero por haber asesinado a otro y a su compañera permanente, mutilando el cadáver de aquél como prueba de su “hazaña”: el fin no justifica los medios. El Estado no puede valerse de instrumentos ilícitos o antijurídicos para salvaguardar el orden público.