Una vez más habrá que referirse al ya empalagoso tema de las “chuzadas” en que se especializó durante los últimos años un departamento administrativo concebido para fines muy diferentes.

Dice el artículo 15 de la Constitución que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, y que el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar.

Agrega que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables; que sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

La Constitución también garantiza la independencia entre las ramas y órganos del poder público (art. 113), y asegura igualmente la libertad e independencia profesional de los periodistas (art. 73).

De la misma manera, hay garantías constitucionales para la oposición (arts. 111 y 112).

Pues bien, estas reglas se quedaron escritas durante ocho años, y fueron violadas por el propio Gobierno  -o al menos por algunos de sus integrantes-  con el pretexto de perseguir el delito,  aunque por su cuenta; sin orden judicial.

Si al Procurador General no le quedó otro remedio que sancionar con destitución e inhabilidades hasta de 18 y 20 años a ex funcionarios de la Presidencia de la República, del DAS y de la UIAF, es porque lo que encontró en los expedientes sobre interceptaciones y seguimientos fue muy grave. Como lo dice la misma providencia, se cometieron faltas disciplinarias gravísimas.

Pero no solamente faltas disciplinarias, sino también numerosos delitos.

La decisión de la Procuraduría muestra además que a lo largo de varios años, durante las administraciones de todos los ex directores del DAS en el pasado Gobierno, se llevó a cabo una que podríamos llamar “política” de interceptaciones e interferencias ilegales en la vida privada y en el ámbito laboral de muchas personas  -periodistas, funcionarios, políticos de oposición-  e inclusive en la esfera reservada y respetable de una institución como la Corte Suprema de Justicia.

No es de poca monta el hecho vergonzoso de que inclusive la señora madre de uno de los magistrados hubiera tenido interceptado su teléfono.

Y resulta gravísimo además que se hubiera chuzado el teléfono de un periodista crítico del Gobierno para buscar sus fuentes.

Como desde hace tiempo lo dijo la Fiscalía, estamos ante un concierto criminal de grandes dimensiones.

La pregunta central en todo esto sigue siendo la misma: ¿quién impartió las órdenes?