La idea presidencial, lanzada al aire de improviso  -sin previo estudio jurídico, y sin reflexión acerca de los mecanismos por utilizar-,  sobre liberación unilateral masiva de guerrilleros presos  -ni siquiera se sabe cuántos-, más parece una reacción de urgencia, ante los anuncios de nuevas revelaciones sobre la parapolítica, que una posición oficial acerca del acuerdo humanitario que desde hace años se viene planteando para lograr la liberación de las personas secuestradas.

En efecto, aparte de la novedad que en sí misma representa esta nueva actitud del Presidente Uribe respecto al canje  -que siempre le había parecido un precedente nefasto en el curso de la política estatal sobre los secuestros-,  lo que vimos en los voceros del gobierno relacionados con el asunto no fue otra cosa que confusión sobre los alcances, dimensiones y características de la propuesta, y hasta sorpresa mal disimulada respecto a su formulación.

Tal parece, a juzgar por sus varias intervenciones en los medios radiales, que el propio Comisionado de Paz, que se supondría partícipe de primer orden en la preparación de todos los elementos de configuración y maduración de la nueva política del Ejecutivo en esta materia, tenía múltiples dificultades de carácter lógico y jurídico para explicar no solamente las razones de aquélla sino sus proyecciones, y en particular los fundamentos que la sustentarían y harían viable.

Bien podría ocurrir que los propios familiares de los secuestrados, directamente interesados en la flexibilización de la tradicionalmente dura posición presidencial, tuvieran objeciones en punto de la espontánea oferta del doctor Uribe, por la muy explicable razón de que ella  -sin contornos ni especificaciones-  no implica compromiso de la guerrilla, y menos garantiza la liberación efectiva de los rehenes en su poder.

Esto de lo que hoy se habla es algo muy diferente al acuerdo  -de suyo bilateral- con sentido humanitario, cuyas posibilidades son claras en razón del estado de necesidad al que nos ha llevado la injusta situación de personas inocentes privadas hace años de su libertad. Una cosa es el compromiso, pactado después de un proceso de negociación, como ocurrió durante el gobierno del Presidente Pastrana, y otra muy diferente el anuncio del Estado sobre liberación de guerrilleros, sin asegurar el acuerdo, ya que ésta última es una posición desde ya desventajosa.

Ahora bien, con independencia de cuál sea el mecanismo indicado, cuyo estudio tal vez adelanta el Gobierno, no sobra recordarle que aun en el caso de amnistía o indulto, no pueden quedar cobijados quienes hayan cometido delitos atroces, toda vez que, además de la expresa prohibición constitucional, hay compromisos de Colombia en Tratados Internacionales.