Los medios de comunicación han venido informando desde el domingo anterior que, en muy breve lapso, varios niños indígenas han muerto en el Chocó y en otros departamentos, como consecuencia del hambre y la desnutrición.

Se han suministrado cifras distintas, y el Ministerio de Protección Social ha dicho que comisiones suyas se han trasladado a la zona para rendir informe detenido sobre el particular.

Si son más o son menos los niños fallecidos, es un dato secundario. Un solo niño muerto por causa de hambre en cualquier lugar del territorio debería ser motivo de gran preocupación, desde hace tiempo, para el Gobierno y para la sociedad en un Estado Social de Derecho, aunque no lo registraran los medios.

Nos hemos acostumbrado a que las cosas en Colombia no son importantes, ni los hechos son graves en sí mismos, sino cuando se ventilan en radio y televisión. El de los menores desnutridos y enfermos hasta el extremo de la muerte, en total abandono, en extendidas regiones colombianas, es una realidad incontrastable que  no constituye noticia. Pero a nadie afana sino cuando aparece la información abriendo los noticieros o encabezando las páginas de los periódicos.

Este fenómeno corrobora la importancia de los medios de comunicación como canales de denuncia, y el efecto que causan las noticias en la administración habla muy bien de los medios, pero muy mal de la administración. Esta debería obrar con o sin cubrimiento noticioso.

En lo que toca con el hambre y con la desgraciada suerte de miles de niños en el país, y con las condiciones de miseria de muchos colombianos, la realidad contradice las cifras oficiales, y exige del Estado que asuma su papel.

Por ello, no entendemos la actitud del Ministro de Protección Social, quien en sus primeras declaraciones del lunes se lavó las manos diciendo que el problema no es de la Nación sino de las entidades territoriales, y aunque puede ser cierto que  -como él afirma-  los recursos de las transferencias se hayan dilapidado, si el Gobierno Nacional tiene conocimiento de la comisión de delitos por las autoridades departamentales y locales al respecto, ha debido formular las denuncias penales pertinentes. No sabemos si se ha hecho. Pero, en todo caso, esa no puede ser una disculpa para eludir la responsabilidad del Estado en su conjunto por lo que viene ocurriendo, ni para excluir a la Nación y a sus autoridades de la obligación perentoria de adoptar con urgencia las medidas que sean necesarias, en el campo asistencial, en el administrativo y en el presupuestal, para que cese la violencia por omisión de la que vienen siendo víctimas los niños pertenecientes a comunidades hace mucho tiempo abandonadas y marginadas.