Por JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

 

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Lo que viene ocurriendo en varios municipios del Cauca es grave. Inocultablemente grave, aunque el Gobierno siga insistiendo en que no pasa nada y en que tiene por completo controlada la situación.

 

No es solamente que se ha roto el orden público, inclusive ayer, en Toribio, en presencia del propio Jefe del Estado y su gabinete ministerial, sino que, contra el Derecho Internacional Humanitario y contra lo dispuesto en nuestra Constitución, la población civil está siendo gravemente afectada por el conflicto armado. Tomados los pobladores como carne de cañón y totalmente indefensos entre las fuerzas enfrentadas.

 

La tranquilidad en la zona no existe. La acción guerrillera es permanente. La vida, los bienes y el territorio de los indígenas y en general de los habitantes de la región están, ya no solamente en algún peligro, sino ante la efectiva, real e inminente amenaza.

 

El Estado no tiene el control. La situación se calma solamente cuando los guerrilleros, voluntariamente o presionados por la misma población indígena, deciden retirarse. Pero siempre retornan, simplemente cuando quieren, para causar daño y destrucción. Y el Estado, ausente, en especial en lo relativo a la cuestión social necesariamente ligada al conflicto, en su doble papel de efecto y causa.

 

El artículo 2° de la Constitución, vinculante para el Ejecutivo y para todos los que ejercen mando en el país, se encuentro escrito. Es pura teoría: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".