Lo que está ocurriendo en el Departamento del Cauca es de extrema gravedad, y al parecer el Gobierno Nacional no lo ha captado en toda su dimensión, o no le ha dado la importancia y urgencia que tiene. Ni ha elaborado una política pública; un esquema, o una estrategia más allá de la puramente armada, que le permita  proporcionar soluciones reales y concretas.

 

Ya no es solamente el permanente asedio y los hostigamientos de la guerrilla  -lo cual implica, de suyo, la actividad de la Fuerza Pública-,  sino que, aparte del peligro constante en que se encuentra la población civil  -a la que se ha involucrado en el conflicto-, y además de los cultivos ilícitos, han salido a flote los reclamos de la población indígena en la zona. Ellos no se refieren solamente a la situación desesperada de inseguridad, desprotección e intranquilidad, sino que tocan con la no menos asfixiante que vive la comunidad en el terreno social.

 

Las comunidades han decidido proteger las vidas y bienes de sus integrantes y la posesión de su propio territorio, y plantear sus aspiraciones en cuanto a la inversión social y la política económica en cuanto a ellas se refiere. Son objetivos legítimos y protegidos constitucionalmente, que, tras muchos años de paciencia y sufrimientos, los indígenas están resueltos a alcanzar.

 

Lo hacen mediante una protesta pacífica que busca, en una primera fase, lograr el retiro por igual de las FARC y de la Fuerza Pública, para crear en sus territorios una comunidad de paz, libre del conflicto y de la incesante amenaza a la que hoy se encuentran sometidos los habitantes de varios municipios caucanos.

 

Con la salida de la guerrilla todos estamos de acuerdo, pero existen reservas en lo relativo a la expulsión del Ejército y la Policía, no solamente porque la misma comunidad y sus integrantes requieren su protección, y las autoridades  -que según la Constitución Política tiene la obligación de velar por la vida, bienes y derechos de todas las personas residentes en Colombia-  no pueden abandonarlas a su suerte, sino por cuanto la ausencia total de la Fuerza Pública podría facilitar las incursiones guerrilleras en las poblaciones.

 

Pero vemos que el Ejecutivo se limita a “decir cosas”, y no actúa, ni toma decisiones.

 

Las circunstancias del Departamento del Cauca, en especial las que afrontan algunos de sus municipios,  no pueden quedar en ese estado eternamente sin solución alguna. El Presidente de la República, quien tiene a su cargo la guarda y preservación del orden público y la protección de la ciudadanía, debe tomar decisiones, más que pronunciar palabras o elaborar frases ingeniosas para los titulares de noticieros y periódicos. Y en un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista, lo más lógico es que, con mayor razón en momentos de especial emergencia como los actuales, el Jefe del Estado y sus ministros obren preferiblemente previo diálogo  -que ojalá sea fructífero- con la comunidad.

 

Lo que se pide de un presidente de la República es que asuma el liderazgo efectivo para satisfacer las necesidades colectivas. Eso es lo que muchos exigen del actual mandatario, quien a nuestro juicio debe dejar de pensar tanto en las encuestas y ejercer la función que le confiaron sus electores: gobernar.