Las declaraciones del Viceministro de Defensa acerca del impacto causado en Inglaterra, como antes había ocurrido en los Estados Unidos, por el escándalo de los “falsos positivos”, no pueden pasar desapercibidas, y deben tener alguna consecuencia.


La preocupación del Viceministro, como la del Ministro y la de todo el Gobierno, reside, no tanto en el hecho de que estos crímenes de lesa humanidad hayan sido cometidos en nuestro territorio, sino en la pérdida o suspensión de los apoyos financieros que en materia militar nos puedan brindar otros gobiernos, y quizá también -especialmente en la Cancillería- hay incertidumbre por la imagen de Colombia en el exterior -harto desmejorada por ese concepto-, y desde luego, los partidarios del TLC con los Estados Unidos están rogando que, como por ensalmo, el tema de los “falsos positivos” desaparezca de una vez por todas, sin darse cuenta de que ello es imposible. Menos con Obama, quien tiene como prioritaria la cuestión del respeto a los Derechos Humanos.


Estos crímenes, como lo acaba de exponer con claridad y pruebas el Senador Juan Manuel Galán -hasta provocar inclusive las sentidas exclamaciones de petición de perdón por parte de un militar tan sincero y directo como el General Freddy Padilla de León-, no pueden quedar impunes, ni puede aferrarse el Gobierno, como parece ser la inclinación del Ministro Santos, a cerrar los ojos para informar que, desde octubre del año pasado, no hay más denuncias. Galán ha mostrado que sí las hay, y las madres de los desaparecidos no podrían mentir en materia tan delicada.


El Gobierno creyó que todo quedaba solucionado con la destitución de 27 militares, durante la rueda de prensa del pasado 29 de octubre.


Pero esa es una posición equivocada, por varios motivos:

Que se sepa, esos militares fueron expulsados en ejercicio de las facultades presidenciales, pero jamás se ha dicho que estén comprometidos en la comisión de los crímenes, aunque el mensaje de la rueda de prensa fue ese, metiéndolos a todos en el mismo saco, por lo cual no es extraño que muchos -en Colombia y por fuera- los consideren a todos como unos malhechores, sin haber sido juzgados ni condenados.


Respecto de esos oficiales debe presumirse la inocencia, mientras no sean hallados culpables, previo un debido proceso. Pero el Estado, a través de sus órganos competentes, debe adelantar las investigaciones con mayor celeridad, y llegar a conclusiones sobre los autores, tanto materiales como intelectuales, de tales desapariciones y asesinatos. Lo único que no puede proseguir es una situación, como la presente, de total indefinición, que castiga por igual a las víctimas -que nada saben acerca de si al fin se hará justicia- y a los propios militares destituidos, todos cubiertos por un manto de duda ante la sociedad, sin que se les haya desvirtuado su presunción de inocencia.


La rueda de prensa en mención fue una confesión de parte del Estado colombiano, que no se puede contrarrestar ahora solamente con declaraciones según las cuales no hay nuevas denuncias. Esa es una actitud simplista y complaciente, que no representa defensa alguna para Colombia.