POR JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Parece que se han deteriorado en grado sumo las relaciones entre Gobierno y Congreso, a raíz de la crisis generada por la aprobación y posterior archivo del proyecto de reforma a la justicia.

Infortunadamente, esta parece ser, en vez de una ocasión para que la Rama Legislativa deje de ser -como lo viene siendo- un apéndice del Ejecutivo y para que ejerza en el futuro sus atribuciones con la independencia que le corresponde, una especie de “pelea de novios”, y ya veremos que en los próximos días vendrá la reconciliación.

En Colombia, está visto, los miembros del Congreso no pueden vivir sin los estímulos burocráticos y presupuestales que les otorga el Gobierno a cambio de su “buen comportamiento”, que se traduce en aprobarle sin reparos todos sus proyectos, en abstenerse de censurar a los funcionarios oficiales y en guardarse mucho de ejercer el control político que les atañe.

Al Gobierno, en cambio, según se desprende de la última declaración presidencial, eso no parece importarle, y está considerando la posibilidad de no presentar los proyectos de reforma tributaria y pensional, que según él mismo eran trascendentales. Eso dice el Presidente, aunque no lo piense en realidad, porque todavía hay mucho camino por recorrer y sabe que no le conviene perder las mayorías con las que actualmente arrasa en las cámaras.

Entonces, mutuamente se necesitan.

Ahora bien, un sistema genuinamente democrático es imposible si Gobierno y Congreso no toman conciencia acerca de la preceptiva constitucional que contempla dos principios básicos perfectamente compatibles: 1) Separación funcional e independencia entre las ramas y órganos del poder público; 2) Colaboración armónica entre ellos, con miras al logro de los fines estatales.

Si se aplica correctamente la Carta Política, ninguna de las ramas puede convertirse en una dependencia de la otra, lo que no impide el buen trato y la respetuosa cooperación entre sus integrantes, dentro de un sistema jurídico equilibrado que facilite una labor fructífera en beneficio de la colectividad.

Pero ese objetivo institucional ha sido difícil de lograr últimamente porque los presidentes se han empeñado más en sus particulares propósitos políticos  -la reelección, por ejemplo-  que en el servicio a la comunidad o en el adecuado ejercicio de sus atribuciones. Y porque los congresistas  -y ahora algunos magistrados-  parecen tener en su agenda, más que el desarrollo de una función pública, la obtención de beneficios personales.