POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Foto: www.eluniversal.com.co

Toda reelección es perniciosa.

¿Cómo pretendían ganar los partidarios de Henrique Capriles en Venezuela, si el Presidente Chávez tiene en sus manos la totalidad del poder?

¿Cómo podrían haberle ganado Horacio Serpa o Carlos Gaviria al Presidente Álvaro Uribe, con el inmenso poder del cual disponía en 2006?

¿Cómo podrán el Dr. Orlando Gallo o el candidato a quien señale el Presidente Santos ganar la Procuraduría General ante el formidable poder que ejerce el actual titular de ese Despacho?

Así como toda dictadura es odiosa, sea de izquierda o de derecha, también podemos afirmar que toda reelección para el período inmediato es contraria a la democracia y a la igualdad, y favorece la corrupción, no importa la tendencia política o ideológica del reelegido. Y ello no solamente en lo relativo a presidentes de la República, gobernadores o alcaldes. También en el caso de otros funcionarios con potestad de mando o decisión.

En efecto, quien está ejerciendo el poder y, por tanto tiene bajo su control la posibilidad de usar y abusar de herramientas como el manejo del presupuesto o de la burocracia, o el acceso a los medios de comunicación, goza evidentemente de unas ventajas muy grandes respecto a sus competidores, despojados de todas esas posibilidades.

No exageramos, entonces, al decir que el candidato con poder efectivo y actual va muy avanzado en cualquier elección, sea ella popular o de otra índole, y que sus contrincantes, salvo que sea pésimo candidato o que cometa demasiados errores, casi con seguridad habrán de ser derrotados. El solo concepto de reelección da lugar al desequilibrio, y un proceso electoral en el que no todos los aspirantes se encuentran en el mismo partidor, sino que uno de ellos se adelanta, es un proceso viciado en cuanto se inclina desde el principio y resta toda equidad a la competencia.

Además las reelecciones favorecen el estancamiento de las instituciones; no permiten la renovación ni alternación en el ejercicio del poder. Y, por si fuera poco, facilitan que casos de corrupción y hasta hechos punibles no se descubran a tiempo. En tal sentido, el poder se utiliza para encubrir y para buscar la impunidad.

Una buena norma constitucional que se aprobara mediante Acto Legislativo sería la que estipulara: “Queda prohibida la reelección en todo cargo público directivo”. Quizá mediante esa fórmula u otra similar lograríamos en Colombia abrir algunas ventanas, hoy cerradas, para ventilar un poco nuestra enrarecida democracia.