Con el argumento según el cual ante la ineficiencia de las instituciones estatales deben las personas tomar la justicia por mano propia, se ha presentado al Congreso y tiene ya ponencia favorable, un proyecto de ley que faculta a toda persona para asumir en casos que lo afecten las funciones propias de la investigación penal, hoy confiadas a la Fiscalía General de la Nación.

 

Todo individuo que se considere legitimado para buscar directamente pruebas en el proceso penal que le interesa, podría pedir  y obtener interceptaciones y allanamientos  y adelantar él mismo la investigación, convirtiendo la acción pública en acción privada.

 

Eso es privatización de la justicia y, si se aprueba, será motivo del peor caos en la historia del Derecho en Colombia, sin que por ello se descongestionen los despachos judiciales.

 

Sin duda, este sistema servirá para que la Fiscalía abandone aún  más sus propios deberes, dejándolos en manos de las víctimas.

 

El sustento de esta lamentable iniciativa, que busca descongestionar la Fiscalía entregándole sus funciones a los ciudadanos es similar al argumento que prohijó las llamadas “Convivir” y por tanto el paramilitarismo, argumento que consistió en sostener que, como el Estado no neutralizaba a la guerrilla, tenían que conformarse organizaciones privadas de autodefensa. Y ya sabemos en qué terminó semejante adefesio.

Ahora lo quieren trasladar a la justicia, en un proyecto verdaderamente absurdo.

Desde luego, esperamos que al menos quepa la acción de tutela contra los miles de abusos que vendrán.