POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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De nuevo insistimos en que, en el Estado moderno –superada la época de los matrimonios por conveniencia y para beneficio exclusivo de la realeza-,  el manejo de las relaciones internacionales ha de estar orientado por  el propósito básico de realizar, hasta donde se pueda –como dijeron los filósofos políticos-,  la felicidad de los pueblos. Los pasos que se dan y las decisiones que se adoptan en lo concerniente a otros Estados deben ser juiciosa y honestamente pensadas -no calculadas-  y no deben obedecer al interés personal de los gobernantes, con olvido de la suerte de los gobernados, ni  depender tampoco de las estrategias de los gobiernos para solucionar problemas internos o coyunturas difíciles en el plano político, económico o social.

Claro. Hablamos del mundo del “deber ser”, y no de cómo son las cosas en la realidad, en especial cuando se trata de gobiernos débiles o en busca de reelección o de otros efectos electorales.

En tal sentido, se nos puede tildar de idealistas. Pero a nadie se oculta, por otro lado,  que la pacífica y cordial convivencia internacional, en especial entre países vecinos,  es más duradera y se mantiene con mayor facilidad cuando se observan los principios jurídicos del buen trato propio de la diplomacia y del respeto a la autodeterminación de los pueblos.

El primero de esos principios implica necesariamente la moderación en las palabras y en los actos, para no golpear ni herir la sensibilidad del otro. El segundo tiene que ver con la delimitación entre soberanías, de modo que el gobierno de un Estado no está llamado a tomar parte en las decisiones, ni a resolver sobre situaciones, polémicas, problemas o pleitos  que correspondan al exclusivo y propio interés de otro Estado.

Entramos en estas reflexiones a propósito de lo ocurrido en estos días en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Perjudicando a sus respectivos pueblos, en particular a los habitantes de las zonas de frontera, los dos gobernantes han actuado mal. Se han apartado de esos elementales principios y han creado sin necesidad un ambiente de crisis y de enfrentamiento que no conviene al interés general, aunque resulte muy benéfico para fines políticos de uno o de ambos presidentes.

En efecto, si ya el Presidente Juan Manuel Santos, a nombre del Estado colombiano, había reconocido el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas, partiendo de la presunción de legalidad de lo declarado por la autoridad electoral de ese país, no se ve por qué –a sabiendas de la controversia política que allí se ha generado desde los comicios, que ha dado lugar a una crisis en la que el candidato derrotado, como el Presidente, son figuras centrales, enfrentadas entre sí, y conociendo además la sensibilidad de Maduro al respecto- tenía el gobernante colombiano que recibir como si fuera un jefe de Estado al líder opositor Henrique Capriles. No había necesidad, y no se evaluó la relación costo-beneficio de ese encuentro, a menos que exista algún propósito no expresado del Presidente Santos por réditos políticos internos que la entrevista le pudiera haber generado.

Y en cuanto a Maduro, su reacción fue exagerada y altamente ofensiva,  además acompañada de una irresponsable formulación pública de cargos sin pruebas contra el ex presidente Uribe y otras personas sobre una posible confabulación para asesinarlo o para derrocarlo, y peor aún, con la posible complicidad o el conocimiento de Santos, todo lo cual carece del más mínimo fundamento.

Otro vez: esto pasa porque no se respetan los principios.