DERECHO DISCIPLINARIO Y AUTONOMÍA JUDICIAL

05 Ago 2013
Valora este artículo
(0 votos)
6757 veces

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Foto: www.semana.com

Los servidores públicos están sujetos a unas reglas de comportamiento específicas y sólo a ellos aplicables, establecidas  por la ley. Es su régimen disciplinario. Y pueden ser sancionados  si incurren en cualquiera de las faltas contempladas en las normas correspondientes. Pero, como de allí mismo resulta y aunque no es lo mismo el Derecho Disciplinario que el Derecho Penal, los asuntos de tal naturaleza, confiados a autoridades como el Ministerio Público o el Consejo Superior de la Judicatura, no escapan a los principios constitucionales del debido proceso, pues según lo dispone el artículo 29 de la Constitución Política, éste “se aplicará en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Entre las garantías propias del debido proceso están la presunción de inocencia, el derecho de defensa el principio de legalidad. Así que el servidor público contra el cual se adelanta un proceso disciplinario se presume inocente mientras no se le haya demostrado su culpabilidad, rodeado de todas las garantías procesales; tiene pleno derecho a defenderse, a controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y a presentar las que considere que lo favorecen, y no puede ser procesado sino por faltas contempladas  en disposiciones  legales  pre-existentes al acto que se imputa, en las expresamente se haya tipificado la conducta reprochada y la sanción aplicable.

No obstante, en la práctica, desde hace unos años, los jueces de la República han perdido la autonomía funcional que les garantiza la Constitución (arts. 228 y 230) y son sometidos a procesos disciplinarios y hasta destituidos cuando sus decisiones no gustan a los medios de comunicación o son rechazadas en las redes sociales. Basta que se manifieste un descontento más o menos generalizado con una providencia judicial para que se anuncie por la autoridad disciplinaria que serán investigados. Y casi con seguridad son sancionados.

La autonomía funcional implica que, dentro del ámbito de sus atribuciones, en especial cuando la misma ley confiere al juez amplia facultad de apreciación de los hechos y de interpretación de las normas, el juez es libre de adoptar una u otra determinación. Por ejemplo, un juez de garantías, previa ilustración  sobre lo acontecido y ante petición de la Fiscalía, decide autónomamente si debe tener lugar o no la privación de la libertad del procesado. Resolver una u otra cosa es de su resorte, y no puede la autoridad disciplinaria, sin invadir esa órbita, decidir que el juez ha debido obrar distinto. Porque si se piensa que prevaricó, hay un proceso penal para establecerlo.

Repitamos lo que sostuvo al respecto la Corte Constitucional: “Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del Derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno” (Sentencia C-417 de 1993).

Eso es así. De lo contrario, los jueces disciplinarios estarían por encima de todos los demás y el Derecho no sería sino lo que ellos entendieran por correcto y  adecuado, quitando a los jueces en las distintas ramas de la jurisdicción toda capacidad de apreciación y sana crítica.

Además, si alguien no está de acuerdo con la decisión judicial, o si ella resulta muy discutible, en el sistema jurídico existen mecanismos, recursos y nulidades, y extraordinariamente la acción de tutela. todos los cuales  permiten poner en tela de juicio las providencias judiciales.

 

 

 

 
  • © 2013 M

 

Modificado por última vez en Sábado, 28 Junio 2014 20:16
Elementos de Juicio

Email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Acerca de Nosotros

Nuestro propósito es aprovechar la tecnología en beneficio de la divulgación, el análisis, la controversia, la verificación de los grandes asuntos en que aparece el Derecho, en cualquiera de sus ramas; los procesos judiciales de trascendencia y los más importantes debates y acontecimientos.