La liberación unilateral de cuatro congresistas secuestrados por las FARC desde hace varios años -no importa si su causa se hace consistir en un homenaje o desagravio al Presidente venezolano Hugo Chávez, o si hay otro motivo de fondo-  se constituye en un paso muy importante hacia el desmonte de la industria del secuestro, que no solo ese grupo guerrillero sino otros, tienen organizada, en abierta contradicción con los más elementales principios de respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales que le son inherentes.

Hacemos votos por la recuperación de la salud y la integridad de las personas incluidas en la entrega, en particular del doctor Gechem Turbay, y el sentido natural de las cosas nos indica que allí no puede terminar el proceso iniciado, sino que debe proyectarse hacia la liberación de todos los rehenes, por encima de los protagonismos, las vanidades y las pugnas que han rodeado esta materia en los últimos meses.

Muchos de los secuestrados, para inmenso dolor de sus familias, no gozan de la misma importancia política o social, y por el contrario son anónimos. No los mencionan a diario en los noticieros, ni sus fotografías aparecen en los periódicos, ni hay despliegue diplomático con miras a su liberación. Pero sus familias, que también sufren en silencio, la mayoría de las veces sin haber recibido jamás una de las denominadas “pruebas de supervivencia”, los siguen esperando.

De lo que se trata  -digámoslo una vez más-  es de una cuestión humanitaria, y en lo humanitario no puede haber discriminaciones, ya que todos los seres humanos, con independencia de condición, jerarquía u origen, somos titulares de la misma dignidad y de los mismos derechos esenciales.

Lo que quiero con este escrito es simplemente recordar que existen miles de personas no destacadas que han sido privadas injustamente de su libertad, no solamente por móviles políticos sino económicos, o por causas ignoradas. Para que el Estado y los secuestradores tengan en cuenta su existencia, en cualquier proceso que hacia el futuro pueda adelantarse con miras a la liberación de secuestrados. Para que, persistiendo  -claro está-  en la salida del cautiverio de quienes son ampliamente conocidos, sean incluidos los olvidados, y así no perpetuar la enorme injusticia que ocasiona su anonimato.

Comencemos por los soldados y policías, algunos de los cuales llevan diez años encadenados.

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