El próximo 17 de febrero se cumplen quince años de la instalación de la Corte Constitucional, creada por la Carta Política de 1991, a la cual se confía la guarda de la integridad y supremacía del Estatuto Fundamental.

Durante este lapso, la Corporación ha cumplido una tarea que podemos sintetizar en la realización y materialización de los valores constitucionales, de los principios acogidos por el Constituyente y de las reglas esenciales que estructuran la base misma de la organización estatal colombiana.

Se puede haber discrepado de fallos y providencias proferidos por la Corte  -tanto desde dentro, cuando quien esto escribe ejercía como integrante del primer grupo de magistrados, y ello a través de salvamentos y aclaraciones de voto, como desde fuera, en calidad de simple ciudadano-,  pero tales diferencias conceptuales acerca del alcance de los preceptos fundamentales, de su interpretación o aplicación, en nada pueden disminuir la especial identificación con el sistema de control constitucional introducido en 1991, ni el reconocimiento que merece la institución como una de las esenciales en el nuevo Ordenamiento.

La Constitución, aun con todos sus defectos y sus posibles contradicciones y vacíos, subrayados varias veces, es sin duda una Carta democrática, que encarna unos valores trascendentales y unos postulados subyacentes a su texto, que han modificado en sustancia el Derecho Público entre nosotros.

Pero las palabras escritas en la Constitución, que muchos quisieran borrar para regresar a las instituciones anteriores, habrían resultado inoficiosas e imposibilitadas en cuanto a su efectividad si no hubiese sido por la existencia y la actividad del Tribunal Constitucional.

Desde ese 17 de febrero de 1992, hasta la fecha en que se articulan estas líneas, los magistrados de la Corte Constitucional se han entregado en integridad, con pulcritud y decoro, a la difícil pero honrosa labor de desarrollar los fundamentos de la Constitución día por día, en cada auto, en cada sentencia, en cada salvamento, en cada aclaración de voto, en el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad y de la revisión eventual de miles de fallos proferidos en virtud de la acción de tutela por los jueces y tribunales en defensa de los derechos fundamentales.

Quienes hemos sido distinguidos por la democracia colombiana con la designación como miembros de la Corte Constitucional en distintas épocas nos debemos por entero, durante el ejercicio de la magistratura y fuera de él, a la Corporación, que en la medida de nuestros modestos aportes jurídicos hemos venido construyendo con paciencia en estos quince años.

Desde luego, los antiguos y los actuales magistrados hemos percibido y hasta sufrido en momentos diversos la animadversión de sectores afectados por los fallos, y hemos tenido que enfrentar la crítica  -injusta muchas veces, fundamentada otras-,  por razón del contenido y los efectos de las decisiones. Y hasta ha sido recurrente la amenaza, desembozada o subrepticia, de suprimir la Corte o de cercenar sus atribuciones.

Sin embargo, sabemos que la institución se sostiene y sobrevivirá por sí misma.