De unos años para acá, los profesores de Derecho Constitucional Colombiano nos hemos tropezado en nuestras universidades con un inmenso vacío en la formación académica de los estudiantes, quizá por causa de la mala preparación proveniente del bachillerato.

Me refiero a los conocimientos más elementales acerca de la historia de Colombia, particularmente en lo que atañe a la evolución constitucional de nuestro Estado, los cuales son prácticamente inexistentes en las nuevas generaciones, por un imperdonable descuido que se precisa corregir con urgencia, ante el peligro de una pérdida total de la memoria colectiva.

A tal punto llega esa carencia que, no obstante la extensión del programa de Derecho Constitucional Colombiano y su constante incremento por cuenta de las permanentes reformas constitucionales y de los importantes fallos que profiere la Corte Constitucional, y pese a la generalmente estrecha intensidad horaria, los catedráticos nos vemos obligados a destinar una buena parte de las clases a relatar cuando menos los hitos de mayor importancia en el desarrollo histórico institucional de la República.

En realidad, resulta deprimente contemplar la generalizada ignorancia acerca de etapas trascendentales de ese desenvolvimiento histórico, tales como la declaración de independencia, el régimen del terror, las constituciones de la “Patria Boba”,  las polémicas entre federalistas y centralistas, las interminables guerras intestinas del Siglo XIX, la formación de los partidos políticos tradicionales, la Reforma Constitucional de 1936 y el Plebiscito de 1957…, para mencionar apenas algunos.

Muchas de las disposiciones hoy vigentes, plasmadas en la Carta Política de 1991, y varias de las doctrinas de mayor importancia sobre instituciones colombianas, tienen su orígen en experiencias muy propias de nuestro acontecer histórico, y el conocimiento puro y simple de la normatividad en vigor no es suficiente en la formación de la conciencia jurídica. Resulta indispensable ubicar los preceptos y principios en el contexto de los hechos que rodearon su establecimiento, entre otras cosas por cuanto, a pesar de no ser el único, el criterio histórico resulta ser muchas veces el indicado para interpretar el alcance de la voluntad del Constituyente.

Todo esto nos lleva a proponer que, en aquellas facultades de Derecho que carecen de una cátedra sobre historia constitucional, o que la han suprimido, examinen la posibilidad de instaurarla o de restablecerla, según el caso, con miras a la armonización entre los conocimientos del estudiante en materia propiamente constitucional y los referentes al orígen y desarrollo de las instituciones objeto de su examen académico.

Juzgamos que esa cátedra, o cuando menos un seminario sobre el tema con intensidad horaria suficiente, resulta indispensable, para que no sigamos graduando abogados convencidos de que la historia de Colombia principió en el año 2000.