Al momento de escribir estas líneas ignoramos la suerte final del proyecto de ley sobre reparación a las víctimas de los miles de crímenes cometidos en nuestro territorio durante los últimos años, pues aunque ya se surtieron los cuatro debates previstos en la Constitución, será necesario un procedimiento de conciliación dada la divergencia entre el texto original, aprobado en el Senado de la República, y el que este martes, a pupitrazo, fue votado en la Cámara de Representantes.

Quienes auspiciaron el proyecto original y las organizaciones defensoras de derechos humanos, que vienen trabajando desde hace tiempo en pro de la reparación integral a las víctimas, han manifestado su desagrado, no solamente por la acostumbrada práctica de las mayorías gobiernistas  -que, atropellando e impidiendo cualquier controversia, acallaron en la plenaria de la Cámara todas las voces en contra-,  sino por el contenido mismo de lo que allí fue aprobado, que reflejó por encima de toda consideración la voluntad del Gobierno y que, en palabras del representante liberal Guillermo Rivera, no fue otra cosa que “una salvajada con las víctimas”.

En efecto, el proyecto aprobado por la Cámara está más orientado a la restricción, al aplazamiento y a la dificultad para el ejercicio de los derechos, que a cumplir las directrices constitucionales e internacionales al respecto.

Uno de los puntos más enojosos de ese texto radica en la ostensible discriminación entre las víctimas, según quiénes hayan sido los victimarios, toda vez que se da un trato diferente a los afectados por guerrilleros o paramilitares  -que podrán tener acceso menos difícil a la reparación administrativa-  y a las víctimas de agentes estatales  -quienes deberán pasar forzosamente por interminables procesos judiciales que culminen en condena-.

Eso implica, además de la práctica eliminación de un elemental principio de buena fe, una reparación cuando menos tardía, y muchas veces  -así lo veremos-  la pérdida de toda esperanza de resarcimiento para buena parte de las víctimas.

La discriminación en tal sentido, introducida con la disculpa de que el Estado no puede reconocer que agentes suyos hayan cometido crímenes  -como si la realidad de hechos tan vergonzosos como los “falsos positivos” no existiera-,  implica una abierta violación del principio constitucional de la igualdad, que obliga al Estado a dar el mismo trato a quienes se encuentran en las mismas circunstancias.

Es totalmente irrazonable distinguir entre las víctimas a partir del origen del victimario, y lo es todavía más que el Estado asuma una actitud cómplice con las manzanas podridas que puedan encontrarse en el interior de su organización.

Quizá, como algunos han dicho, lo mejor sea que este proyecto, tal como quedó después de pasar por la Cámara de Representantes, se hunda definitivamente, y que entremos a estudiar un nuevo estatuto que consagre de manera genuina y realista el derecho de toda víctima a la plena reparación.
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