Como han expresado la Fiscalía y magistrados de la Corte Suprema a propósito de las interceptaciones y seguimientos de los cuales ellos han sido víctimas, se trata de una empresa criminal muy peligrosa para la vigencia de nuestra democracia.

Es indispensable que se establezca quién ha sido el cerebro, cuyas órdenes siguieron los individuos que desde el DAS llevaron a cabo las “chuzadas” de los teléfonos. Probablemente no es el propio Jefe del Estado, pero sí algún obsecuente y espontáneo funcionario muy cercano, que no se sabe si estuvo o está todavía en la sede del Gobierno.

El parte oficial dice que en las reuniones de funcionarios del DAS con funcionarios de la Casa de Nariño, el Gobierno sólo tenía un propósito consistente en averiguar sobre las conductas de los magistrados.

Al respecto, manifestó el Presidente Uribe: “Hubo un momento en que los medios publicaron probables interferencias de algunos narcotraficantes en algunos magistrados. En la Presidencia se le preguntó al DAS por eso. Una cosa es preguntarle al DAS por eso, que es una institución de inteligencia y que en alguna forma tiene que trabajar con la Presidencia, (…) y otra muy distinta, que nunca ha pasado por la mente de este Gobierno, es sugerirle al DAS que haga interceptaciones o que viole la Ley”.

Allí hay una equivocación. Si algo aparecía en los medios acerca de posibles conductas reprobables o delictivas de magistrados, el Presidente de la República no era ni es el llamado a investigar esos hechos ni a juzgar sobre los mismos. Ni era el DAS el organismo encargado de llevar proceso alguno al respecto porque no le correspondía.

Las interceptaciones telefónicas no eran tampoco la vía para establecer si esas conductas tuvieron o no lugar. Recuérdese que, según la Constitución, las comunicaciones privadas son inviolables y que solamente pueden ser interceptadas por orden judicial y por los motivos previstos en la ley.

Además, los magistrados gozan del fuero constitucional especial en cuya virtud, por delitos, solamente pueden ser juzgados por el Senado, previa acusación de la Cámara de Representantes. En esos procesos no tiene arte ni parte el Ejecutivo.

De otro lado, que sepamos, no había en este caso proceso judicial alguno contra los magistrados por esas supuestas relaciones con delincuentes, ni había orden judicial para interceptar sus teléfonos, y menos para seguirlos en su vida privada.

Y de todas maneras es absolutamente inexplicable que sobre los resultados de esas interceptaciones y seguimientos se estuviera informando a la Presidencia. La conducta de los magistrados no es juzgada por la Presidencia de la República, ni existía razón para que estuviera preguntando. No tiene función judicial, ni el DAS seguía ordenes judiciales.

Entonces  -lo digo con el debido respeto-,  el Presidente no tiene la razón en cuanto a la justificación que presenta para las señaladas reuniones. En todo caso, se estaba recibiendo de los funcionarios del DAS una información de origen ilícito, y eso no es correcto.