Cuando en 2003 se propuso en el Congreso el voto preferente  -hay que decir que con la oposición del Gobierno-  se afirmó que era un mecanismo orientado a garantizar una efectiva participación democrática en la escogencia de los integrantes de cuerpos colegiados, pues, a diferencia del viejo sistema del “bolígrafo” , el ciudadano tendría la ocasión de seleccionar a su candidato favorito, de modo que ya no importaría que éste se ubicara muy abajo en la misma. El mayor número de votos lo haría ascender mediante la reordenación de la lista.

Este fue el argumento, que finalmente el Ejecutivo tuvo que aceptar de mala gana, y en todo caso, salió adelante una transacción en cuya virtud el voto preferente sería opcional. Cada partido o movimiento resolvería si iba a las elecciones con listas cerradas o abiertas.

Pero el supuesto teórico, y el espíritu inicial de la norma, que quedó consagrada en el artículo 263 A de la Constitución, era el de favorecer la espontaneidad del votante, en el entendido de su adecuado conocimiento acerca de los integrantes de las listas. Eso implicaba propiciar el voto de opinión sobre el voto cautivo, organizado y armado por las maquinarias políticas. Pero la práctica ha sido la contraria: el gran afectado ha sido el voto de opinión y el favorecido el voto de maquinaria.

Veamos:

De acuerdo con la norma constitucional, en el caso del voto preferente, “el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres que aparezcan en la tarjeta electoral”.

Pero, con la disculpa de que los tarjetones serían inmensos dado el alto número de aspirantes, en la Registraduría  -no la actual, sino una anterior-  diseñaron el confuso tarjetón que tanto daño hizo en las elecciones del 14 de marzo, y en las anteriores, con menos notoriedad.

Un sistema de voto inconstitucional, porque, contra la norma, no aparecieron los nombres de los candidatos, y menos sus fotografías, haciendo imposible su reconocimiento por el votante. Se hicieron figurar unos logos y unos números que cada elector debería marcar, sobre la base de haber memorizado los datos de aquel aspirante a quien quisiera elegir (partido y número).

Si a esto, que es de suyo difícil para el ciudadano del común, unimos la coexistencia de al menos ocho variables en las últimas elecciones  -Senado, Cámara, circunscripción nacional, circunscripción indígena, circunscripciones especiales, Parlamento Andino y consulta en los partidos conservador y verde-,  entendemos muy fácil la razón para que se hayan depositado, hasta donde se conoce, más de millón y medio de sufragios nulos y casi medio millón de tarjetones sin marcar, además de la votación en blanco  -que fue altísima, especialmente en cuanto al Parlamento Andino-.

La distancia entre las normas y su aplicación, en Colombia, es cada día más grande. Y en el caso del voto preferente, a pesar del texto plasmado por los reformadores, las autoridades que lo aplicaron lo hicieron fracasar.

Es menester, entonces, una revisión integral del sistema.