Si algo tenemos claro en este momento es que, en materia política interna -con indudable reflejo en el ámbito internacional-, el país atraviesa una época de total confusión, no solamente a raíz del alto número de congresistas y dirigentes detenidos, sino por cuenta de las denuncias de Yidis Medina sobre compra de votos durante el proceso de reforma constitucional que permitió la reelección; por la reforma que ahora se tramita en el Congreso acerca de la "silla vacía" y el umbral; por las propuestas sobre revocatoria del Congreso, adelanto de elecciones, convocatoria de Asamblea Constituyente, y ahora..., para completar, la del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre disolución de todos los partidos uribistas, en razón de encontrarse contaminados por la parapolítica, lo que delata que el Gobierno se está viendo obligado a apelar a las famosas “cortinas de humo”.
Todo esto perjudica sin duda la gobernabilidad, y convierte a las instituciones en frágiles barcazas, que se mueven al vaivén de las convulsiones políticas, generando inestabilidad, desazón, grave ruptura del equilibrio necesario para que el Estado ejerza su autoridad.
La gobernabilidad -que consiste en el ambiente y condiciones propicias para asegurar la efectiva y real dirección de los asuntos públicos hacia los fines perseguidos por la sociedad- no puede confundirse jamás con la popularidad del gobernante, o con unos buenos índices en las encuestas. El aparato estatal no se mueve a base de cifras manipulables.
La gobernabilidad alude a situaciones objetivas susceptibles de conducción real en el frente político, en el social, en el económico, en el internacional, todas las cuales -conjugadas- permiten a los organismos estatales cumplir su tarea, sin los sobresaltos de un gobierno en permanente actitud de defensa, o precisado a utilizar cada semana temas distractores de la opinión para que algo que lo afecta no se controvierta.
La gobernabilidad, por ejemplo, se hizo prácticamente imposible durante el gobierno de Samper, y se está haciendo ya muy difícil en el segundo gobierno de Uribe.
¿Y todo por los procesos judiciales en curso? Lo que debería ocurrir sería lo contrario: que la existencia ellos, y su desarrollo tranquilo fortalecieran la convicción general de que las instituciones y las normas operan; de que la rama judicial del poder público funciona; de que el conjunto de los organismos públicos puede marchar dentro de las reglas del Estado de Derecho.
