El penoso episodio de la pérdida, que no parece ser casual, de los computadores, discos duros, unidades USB, celulares y “sim card” de los paramilitares que fueron extraditados, cuando precisamente el proceso de paz en que estaban buscaba establecer la verdad sobre sus crímenes, no puede pasar desapercibido en esta Colombia desmemoriada y manipulable.
Son muchas las cosas que habríamos podido saber y no sabemos por la inexplicable desaparición de las mencionadas pruebas.
No se entiende cómo el mismo Estado que tuvo tanto cuidado en dejar intactos los famosos computadores y archivos de Raúl Reyes, conservados milagrosamente después de un bombardeo de las dimensiones del ejecutado el 1 de marzo, no tomó las mismas precauciones con los computadores y celulares de los paramilitares a quienes tenía presos y -se supone- bajo su control, en las cárceles; a quienes supuestamente la extradición los tomó por sorpresa; y quienes, según el Gobierno, seguían delinquiendo, siendo casi una conclusión de “Perogrullo” que los delitos los cometían usando precisamente tales instrumentos y equipos.
Tampoco se entiende cómo ni por qué, si el Gobierno sabía o sospechaba de los delitos, les permitía mantener semejantes elementos, violando de paso el derecho a la igualdad de los demás internos.
Ha dicho con razón el Vicepresidente de la República que debe responder el Director del Inpec, y estamos de acuerdo, pero creemos que allí no terminan las responsabilidades. Los funcionarios que dirigieron toda la operación de la extradición en horas de la madrugada también deben responder, y quienes trasladaron a los extraditados hasta el aeropuerto para el envío. Y debe haber una responsabilidad política, que culmine produciendo una consecuencia que aquí en Colombia hace rato no se produce: que rueden cabezas en la burocracia oficial, y no una sino varias.
Además de las investigaciones internas que ha anunciado el Ministerio del Interior, debe iniciarse una urgente de la Procuraduría General, y otra de la Fiscalía General de la Nación, por si hubo allí delitos.
Resulta increíble que en todo este episodio a nadie le preocupe que el Director del Inpec reconozca expresamente que es imposible para el Estado impedir que se delinca en las cárceles de alta seguridad. Y peor, que el propio Estado suministre a los delincuentes los instrumentos para delinquir. ¿O será que ignoran que un jefe preso usa el celular y los correos electrónicos para impartir instrucciones?
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