Entre el Gobierno y las Farc se había hablado hace unos meses del “desescalamiento” del conflicto armado, figura que entendimos como un preludio del cese bilateral y definitivo del fuego; como una forma de ir bajando las escalas de la guerra hacia la paz; como una paulatina disminución de los ataques de parte y parte, con el objeto de ir alcanzando unos mínimos de confianza que permitieran a los negociadores en La Habana discutir sin las interferencias generadas por las noticias de muertes y atentados.

 

Siempre hemos pensado -respetuosamente- que resulta un contrasentido estar hablando de paz cuando la guerra sigue en todo su furor. Pero ese fue el camino que escogió el Gobierno, y en él persiste.

 

Por su parte, la guerrilla no manifiesta una genuina voluntad de paz. Llevamos casi tres años desde el momento de inicio, que si no nos falla la memoria, se dio en octubre de 2012, y hasta ahora, hemos presenciado algunos  avances y muchos  retrocesos.

 

Se habló de un  "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", pero lo estable y duradero ha sido la violencia. Más de cincuenta años de muerte y destrucción y casi tres años de conversaciones, pero en una continuada actividad violenta.

 

En diciembre del año pasado las Farc anunciaron un cese unilateral del fuego. No seguirían en ejercicio de su actividad delictiva, y se entiende que, como era unilateral -del lado de ellos y aplicable por ellos-, respetarían su palabra, en lo concerniente a sus acciones. Pero violaron esa palabra y asesinaron a once militares desprevenidos; siguieron con los reclutamientos de menores; han negado los secuestros, que continúan llevando a cabo; e insisten en la horrenda mutilación de inocentes -incluidos niños-  con las minas anti-personas.

 

El Presidente de la República, que de buena voluntad había dado orden de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las Farc, se vio en la necesidad de reanudarlos. En días recientes han muerto numerosos  guerrilleros en varias acciones en distintos lugares del país. Quién sabe si también  jóvenes reclutados o personas secuestradas, porque las bombas no discriminan.

 

La actividad terrorista afecta -como en el caso de la voladura de la torre de energía en  Buenaventura-  a los más pobres y a los enfermos de los hospitales.

 

Se ha desatado el “escalamiento” del conflicto, al levantar las Farc el cese al fuego unilateral incumplido. ¿O debemos hablar del “desescalamiento” del proceso de paz?