Tras la renuncia y simultánea suspensión del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denunciado -todavía no condenado disciplinaria ni judicialmente, pues subsiste la presunción de su inocencia- por acoso laboral y sexual, ya aparecieron los enemigos de la Constitución del 91 -siempre dispuestos a suprimir algo de ella- proponiendo que es necesaria una reforma constitucional que modifique sustancialmente o elimine la Defensoría del Pueblo. Aducen este reciente caso, confundiendo lo personal con lo institucional y aseveran que no está cumpliendo ningún papel; que duplica las funciones de la Procuraduría, y que es totalmente innecesaria y costosa.
Debemos recordar que hace medio año se reformó la Carta Política mediante el Acto Legislativo 2 de 2015 sobre equilibrio de poderes, y que allí se tocó la figura de la Defensoría del Pueblo con un criterio diferente, independizándola por completo de la Procuraduría General de la Nación, es decir, otorgándole el carácter de órgano autónomo para el cumplimiento de unas especiales funciones estatales.
Los críticos olvidan que Colombia ha sido descalificada en el pasado por organismos y organizaciones internacionales en relación con su deficiente actividad para proteger y asegurar los derechos humanos; que ha sido condenada varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por omisión; que el Presidente de la República ha tenido que pedir perdón públicamente por la responsabilidad estatal al respecto; que la cultura del respeto a los derechos humanos no avanzó entre nosotros hasta cuando instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, con la valiosa ayuda de la acción de tutela, comenzaron a actuar y han ido forjando un concepto diferente sobre el tema. Que hablar de derechos humanos no implica, como muchos creían, un sesgo ideológico sino algo esencial a la democracia. Y que la Defensoría juega allí un papel esencial, no castigando pero sí informando, avisando, advirtiendo, promoviendo, haciendo pedagogía, ejerciendo acciones judiciales.
No confundamos. Los problemas propiciados por personas en concreto no se resuelven atacando a las instituciones.
