Este 4 de febrero se cumplen veinticinco años desde el día en que se iniciaron formalmente las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Tras una corta campaña, sus integrantes habían sido elegidos por el pueblo el 9 de diciembre de 1990. Presidieron sus sesiones Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf.
El proceso de conformación de la Asamblea Constituyente no había sido nada fácil. En medio de la violencia generada por el narcotráfico, los estudiantes universitarios habían conformado el Movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia” y habían propuesto la denominada séptima papeleta, que en las elecciones de marzo, sin efectos jurídicos -pues el Registrador Serrano Rueda adujo no contar con facultades para el efecto- pero sí con un importante efecto político, había obtenido una alta aceptación popular en el sentido de buscar una reforma constitucional por una vía distinta a la del Congreso –señalada como única en la Constitución entonces vigente-.
El Presidente Virgilio Barco había hecho uso del Estado de Sitio y, por Decreto Legislativo 927 de 1990, había autorizado la contabilización de los votos que el 27 de mayo de 1990 –día de las elecciones presidenciales- se depositaran por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con participación de las fuerzas sociales, políticas y regionales. Un total de 4’991.887 ciudadanos votamos por el SÍ, y con esa mayoría el pueblo derogó tácitamente el artículo 13 del Plebiscito de 1957, que depositaba en el Congreso, de manera exclusiva, el poder de reforma constitucional.
Cumpliendo con su función, mediante proceso iniciado oficiosamente (control automático), la Corte Suprema de Justicia, que ejercía como guardiana del imperio de la Carta Política de 1886, había declarado exequible el Decreto 927 de 1990, dictado por Barco.
El nuevo jefe de Estado, César Gaviria Trujillo, elegido ese 27 de mayo, usando el mismo mecanismo constitucional –previo acuerdo con los partidos políticos- había proferido el Decreto Legislativo 1926 de 1990, también declarado exequible por la Corte en su contenido fundamental. No obstante, la Corte Suprema, en el mismo fallo, había invalidado el temario allí señalado como límite material a las facultades de la hasta entonces denominada “Asamblea Constitucional”. Por tanto, la Asamblea -que sesionó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá- quedó investida de un poder mucho mayor que el inicialmente acordado. Su cometido institucional, en un comienzo entendido como una reforma amplia a la Constitución con miras a la paz y a modernizar el centenario estatuto de Núñez y Caro- se vio enfrentada al desafío enorme de expedir una nueva constitución y así lo hizo.
Fueron elegidos 70 constituyentes -25 por el Partido Liberal, 19 por la Alianza Democrática M-19, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, 9 del Partido Social Conservador, 2 del Movimiento Unión Cristiana, 2 por movimientos indígenas y 2 por la Unión Patriótica), quienes culminaron sus trabajos el 4 de julio de 1991. La nueva Carta, democrática, participativa y pluralista, que derogó expresamente la precedente con todas sus reformas (Art. 380), entró a regir el 7 de julio de 1991 y abrió una nueva era institucional en Colombia.
25 años que merecen conmemoración y balance, como lo haremos desde las universidades, en eventos académicos que ya hemos convocado.
