El trámite del proceso iniciado contra el magistrado Jorge Pretelt, además de su excesiva e inexplicable demora -la denuncia fue presentada por el ex magistrado Mauricio González el 27 de febrero de 2015 y hasta ahora, el 24 de agosto de 2016 apenas se inicia en el Senado-, ha sido un proceso accidentado, por decir lo menos. Ello ha perjudicado a las instituciones, pues la Corte Constitucional lleva todo este tiempo cuestionada e infortunadamente, pese a la idoneidad de la mayoría de sus integrantes, ha perdido credibilidad y se le ha faltado al respeto. Y también ha perjudicado al Congreso, cuyo desprestigio aumenta.

También, por supuesto, está perjudicado al propio acusado, porque, si bien goza de la presunción de su inocencia, como su juez natural sigue demorándose y su defensa usa mecanismos dilatorios, los medios de comunicación y gran parte de la opinión pública lo han condenado. Siempre hemos dicho que, para él, lo mejor es que su situación jurídica sea resuelta de una vez por todas. Que si es culpable se lo condene, y que si no se puede probar su culpabilidad fuera de toda duda razonable, se lo absuelva. Pero que se decida por quien lo debe juzgar, tal como resulta de la Constitución.

Pero es precisamente la Constitución lo que no están aplicando. Cuando, según la Carta, lo único que debe decidir el Senado en este momento procesal es si admite o no la acusación formulada por la Cámara de Representantes -ha debido decidirlo desde cuando se presentó tal acusación a finales del año pasado-, se han enredado los senadores en el trámite de impedimentos, recusaciones, peticiones improcedentes de nulidad, y en realidad han venido adelantando el juicio, sin ser el momento procesal, porque el juicio no puede comenzar sin que antes se admita la acusación.

Ahora bien, debe darse al procesado todas las garantías, pero el país y las instituciones, la justicia, los altos tribunales -en especial la Corte Constitucional-, no merecen que se prolongue la crisis en que se encuentra desde hace 17 meses sin que se resuelva la situación jurídica de uno de sus magistrados.

Esta es una crisis muy grave de la administración de justicia. Es urgente que se resuelva en uno u otro sentido, pero que se resuelva. Respetando el debido proceso, pero cumpliendo la Constitución.