Después de un largo debate social y de un ejercicio electoral sin lugar a dudas histórico por el tema del plebiscito y por los resultados favoreciendo al NO mostrando un porcentaje de abstención 62.59%, hace que días el país se lamente por los errores cometidos con el Acuerdo de Paz firmado que -a todas luces-  dio sombras de ilegitimidad causando oposición jurídica, siendo ello el eje de éste resultado, contrario sensu, de las discusiones  mediáticas “viralizadas” que aún se mantienen y han tomado partido,  creando posiciones  desafiantes,  peores que la guerra que se estaba intentando evitar. 

Se ha resaltado antes y después del proceso electoral que lo que se estaba votando no era el “querer o no la paz” sino “la aprobación o no del documento de Acuerdo firmado por el Gobierno y las FARC” sin embargo, las posturas generales después del resultado,  dieron cuenta del fanatismo con que fue tratado el asunto, la errada injerencia de los medios de comunicación provocando discursos infames logrando la evidente división de la población sumada a la también evidente división y falta de representatividad de las FARC frente a sus miembros,  hoy por hoy tildados de disidentes. 

La coyuntura del tema provoca de primera mano un desconocimiento legal –talante que ha imperado en ésta discusión- sobre el ¿qué hacer ahora con el resultado mayoritario a favor del NO frente a la implementación del Acuerdo de Paz? 

Si bien la respuesta sigue siendo reclamada por los opositores del NO como de inmediata presentación so pena de culparlos de insurgentes y –como lo dicen irónicamente políticos pacifistas- de ser responsables de los muertos que se presenten de aquí en adelante,  es perfectamente prudente que las respuestas se den  otra vez de manera jurídica y no política como se ha tratado este tema siempre.

Es claro que los votantes del SI no son Santistas y los del NO, no son Uribistas, conclusión adelantada al proceso de votación y que hoy parece olvidarse, por ello, partiendo de esa premisa   y  de que acompaño éste documento con análisis jurídicos y académicos,  presento las siguientes preguntas al Gobierno sobre el proceso a seguir frente al Acuerdo al momento de sentarse a negociar:

1. ¿Se parte de la base y de la voluntad de las partes de modificar el Acuerdo firmado? - Sólo si la respuesta es  un SI  en conjunto, continúo-.
2. ¿De ser modificado el Acuerdo, se tiene la posibilidad de que se cree un nuevo documento que cambie el anterior y sea ese el definitivo? -Sólo si la respuesta es un SI  en conjunto, continúo-.
3. ¿Presentaran para modificación el texto final firmado por el Gobierno y las FARC?  o, ¿se va a seguir trabajando sobre el documento incompleto y con espacios en blanco que fue presentado al pueblo para refrendación?

Contando con el supuesto de que la voluntad de las partes firmantes (Gobierno y FARC) sea afirmativa frente a las preguntas planteadas, indago por los siguientes asuntos como base  de una renegociación sin conocer el Acuerdo definitivo:

1. Se eliminará el punto 6.1.8. del Acuerdo Final   y  como consecuencia del mismo se le quitará el carácter de Acuerdo Internacional para efectos de que no  se tenga que incorporar ni en la Constitución ni en el Bloque de Constitucionalidad  y más bien se estudie la posibilidad de que se le otorgue  al Acuerdo renegociado el trámite de Ley Ordinaria con tránsito preferente ante el Congreso y control de la Corte Constitucional para su validación preservándose como documento de Derecho Interno?
2. Se omitirá el carácter de delitos conexos a los delitos de Lesa Humanidad y Narcotráfico y se juzgaran ellos sin amnistía en éste proceso?
3. ¿ Se aceptará someter tanto a miembros de  las FARC  como del  Ejercito investigados en el marco del presente conflicto a Tribunales de Justicia y Paz, reconociendo los canales de juzgamiento ya existentes a efectos de generar equidad  y aplicando la Ley 418 de 1997 para indultos frente a delitos políticos?
4. ¿Se pondrá fecha previa a cualquier protocolo de Acuerdo para la entrega a la ONU y a la UNICEF de los menores de edad reclutados y que requieren ser retirados de manera inmediata del escenario bélico?
5. ¿Se podrá conocer de inmediato el inventario de armas y de bienes inmuebles de manejo de las FARC que se estarían entregando en  el proceso de desmovilización?
6. ¿Será renegociada la participación política de las FARC  a un escenario donde se le permita dicha participación pero sin la asignación de curules “a dedo” otorgadas por el Gobierno sino que sean reconocidas a partir de una refrendación del pueblo como lo hace cualquier otro partido político siempre que sus actores no estén investigados por delitos de  Lesa Humanidad?

Estas preguntas reflejan la columna vertebral de los argumentos jurídicos emitidos por los partidarios del NO y que  a la fecha no se han planteado sucintamente por los voceros partidistas, además  éstas inquietudes están alejadas de las campañas políticas que se lideraron previas al plebiscito de un bando y otro.

El llamado a la reflexión es urgente.  Nótese una vez más que la discusión central sobre éste Acuerdo se sustenta en las imprecisiones jurídicas. Por obvias razones,  la solución que se genere será nuevamente un documento técnicamente jurídico que  resuelva, aclare o modifique y que -se espera-, esté lejos de ser un enfrentamiento mezquino entre opositores del NO y del SI. 

Esta convocatoria política ha hecho que nuestra sociedad se vea reducida a un simplismo iracundo que refleja el odio y la ausencia de esa paz interna de nuestros ciudadanos, requisito de primera mano para poder pensar con cabeza fría sobre las soluciones legales que ésta situación acarrea. 

Como profesional del Derecho, estudiosa de las normas internacionales y constitucionales siento pena ajena al tener que reconocer que  en éste asunto el derecho y su hermenéutica o interpretación  han sido usados para confundir y no para ilustrar los alcances de un Acuerdo Especial.  Nunca se le dijo al Presidente ni al equipo negociador de La  Habana que el resultado de un proceso de desmovilización de un grupo insurgente fuera convertido en un texto incomprensible, redactado -en varios apartes- con expresiones leoninas o  donde se expresa que la favorabilidad  sea para una o algunas de las partes  y las pérdidas para los demás y  donde la aplicación del principio de la equidad se excluye contundentemente. 

Si se trata de buscar  la causa del caos causado, ese elemento fue el detonante.  La ausencia de pedagogía sobre el texto como de presentación del Acuerdo Final desató la desconfianza a la cual se le suma la evidente premura del Gobierno  por firmar en Cartagena el texto final,  días antes del proceso en las urnas.

Si bien es claro que se requiere el uso de formalismos para redactar un Acuerdo de tan alcance, es preciso que se haga sucinto, sin embargo aquí la estrategia usada fue: “confunde para dividir y divide para reinar”. 

El Acuerdo trae desconfianza y eso debe ser reconocido por todos.  Las evidencias están plasmadas en las preguntas que surgieron de los votantes del NO  pero  más aún de ese gran porcentaje de la población que no quiso  validar el llamado del Gobierno y que,  ciertamente merecen  hoy más que nunca ser respetados.  Ellos reflejan la realidad de la democracia de nuestra Nación, son la mayoría y en éste país - si en realidad se aplicara ese concepto-, hace muchos años que tendríamos  a otros en el Congreso y  a otros en la Presidencia, así que ya basta de divisiones clientelistas y fanáticas.

Sobre las consideraciones de la Comunidad Internacional deben verse con mesura.  No se puede ocultar la falta de representatividad del Gobierno frente a su pueblo y de las FARC frente a sus miembros, por eso es loable que se mantengan cerca como observadores pero su confianza también retornará cuando vean que se supo “lavar en casa la ropa sucia” y que ello reduzca la ostensible división que hoy tiene el pueblo quien es el primero que debe reconciliarse.

No es prudente a la luz de la Constitución ni del Derecho Internacional que se presione u oriente al Gobierno para que desconozca el mandato del constituyente primario e invoque poderes unilaterales para hacer cumplir ningún acuerdo, pacto o similar ni que se invoque el fin único de la paz para efectos de desarrollar acciones autoritarias.  En eso debe haber consenso nacional pues donde se impulse tal situación nos veremos en un claro ejercicio de dictadura que puede luego traer peores consecuencias.  Ese nunca debe ser el fin, suficiente con la ausencia de democracia legítima.

Coincido con los que afirman que las diferencias son pocas, pero las que existen son de gran peso lo que no significa que sean innegociables, se debe ceder por parte del Gobierno y de las FARC para recobrar la credibilidad, se pide coherencia en el discurso, si en verdad quieren paz deben tener acciones pacifistas, legítimas y justas y eso cabe para todos.  Hoy  es el día de mostrar voluntad de negociar lo que se creía temerariamente imposible si ganaba el NO. Sin embargo ganó y aún se mantienen los diálogos.

Opciones de aprobación legal se plantean y van desde el trámite de ley ante el Congreso, como el “fast track jurídico” o llamado a asamblea constituyente -sin que ello genere incorporación del Acuerdo a la Constitución-, o la aprobación por cabildo abierto del texto final.  Todas ellas válidas siempre y cuando se renegocie.