Si no estuviera ocurriendo, se diría que se trata de una exageración de la oposición. El Gobierno colombiano desconoce la autonomía del Congreso, propia de la democracia, rompe la institucionalidad y la separación de funciones, y se vale de numerosos instrumentos judiciales -sean apropiados y válidos o no- con el objeto de forzar una reforma constitucional que no fue aprobada, mediante la cual se creaban 16 nuevas circunscripciones electorales.

 

Hasta ahora, tras haber reconocido el 30 de noviembre que no se había alcanzado el número mínimo de votos para que fuese aprobado el texto de la conciliación, el Ejecutivo cambió bruscamente de criterio y comenzó una verdadera campaña encaminada a que, de cualquier manera y pese a los hechos, se promulgue un proyecto de Acto Legislativo que se había hundido y que, con argucias e interpretaciones acomodaticias, quieren que se convierta en norma constitucional.

 

Si la iniciativa hubiese sido aprobada, sin necesidad de ingeniosas interpretaciones y con la transparencia que implica la aplicación estricta de las normas constitucionales, la vigencia del texto como reforma introducida por el Congreso se impondría por sí misma. El Gobierno no requeriría ir a distintos jueces para presionar y obtener a la brava la promulgación de una reforma inexistente.

 

Se ha recurrido a solicitar concepto -emitido con alta e increíble velocidad- de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; a acción de cumplimiento de normas reglamentarias inaplicables al caso, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que un día rechazó la demanda y al día siguiente la admitió para fallar en tiempo récord -que desearían todos los colombianos para sus procesos-, impartiendo órdenes inaceptables para la independencia del Congreso; a acción de tutela ante una juez administrativa que decidió ordenar la publicación del acto legislativo inexistente en la Gaceta del Congreso, como si eso implicara su vigencia, aunque sin las firmas de los presidentes y secretarios de las cámaras; y ahora el Consejo de Estado admite una demanda de nulidad impetrada por el Gobierno, no se sabe de cuál acto administrativo.

 

Se acabó el equilibrio entre las ramas y órganos del poder público, y por ello el Presidente de la Cámara, Dr. Lara, acudirá a pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.