Al enviar un saludo efusivo a nuestros oyentes en la Navidad de 2017, volvemos a decir que esta época se presta para la reflexión y el análisis, tanto a nivel individual como en el familiar, en el social, en el político, en el jurídico y en quienes, al frente de las instituciones, tienen tantas y tan graves responsabilidades con el pueblo colombiano.

 

Entre todos los asuntos objeto de nuestro examen hay uno que predomina por su especial trascendencia: la necesidad de recuperar la vigencia real de las instituciones y del orden jurídico.

 

Colombia, según el artículo 1 de la Constitución, es un Estado Social y Democrático de Derecho. Cada vez más teórico y lejano. El Estado Social quedó gravemente afectado y disminuido con la expedición del Acto Legislativo 3 de 2011, que supeditó los derechos sociales y económicos a la sostenibilidad fiscal y aplazó -con la expresión "de manera progresiva" el acceso efectivo de las personas, en especial las de menores ingresos, al conjunto de bienes y servicios básicos.

 

En cuanto al Estado de Derecho y la democracia, son hoy conceptos inasibles y nominales, que están en boca de políticos, abogados y jueces, pero que no se traducen en la realidad de la vida diaria. Cada día pierde vigencia el respeto al orden jurídico, y como lo hemos señalado a propósito de la burla al plebiscito de 2016, de las normas aprobadas por la vía del "Fast track", de las desconcertantes decisiones de la Corte Constitucional y otros tribunales, y últimamente a causa de recientes decisiones judiciales contra la autonomía del Congreso, mediante las cuales se pretende -con interpretaciones acomodaticias- introducir una reforma constitucional no aprobada, se ha perdido el imperio del Derecho. Eso, sin contar todo cuanto ocurre en materia de corrupción, que ha logrado penetrar inclusive en las altas corporaciones y órganos de la Justicia.

 

La tarea de quienes todavía creemos en el Derecho consiste en recobrarlo, pero en su sentido auténtico, en el seno de la sociedad colombiana. Para ello, un grupo de juristas ha tomado la decisión de establecer la "Fundación SINDÉRESIS, por la vigencia del Derecho", institución que comenzará a operar, en el plano académico y con sentido crítico, en los primeros meses de 2018.

 

Esa tarea no será fácil, pero la emprenderemos, en busca de rescatar las instituciones democráticas.