La inseguridad que se ha adueñado de las ciudades  colombianas tiene,  entre otras causas,  la perniciosa tendencia de muchos jueces a dejar en libertad por razones formales a personas que han sido capturadas en flagrancia,  que han reincidido y siguen reincidiendo.

Nos parece que se está confundiendo el debido proceso y las garantías constitucionales,  a las que por supuesto tiene derecho toda persona,  con la impunidad y con un garantismo equivocado,  que termina en un exceso de protección al delincuente,  en detrimento de los derechos de la sociedad y de las víctimas.

Es necesario revisar las normas vigentes al respecto y su interpretación,  y hacerlo con objetividad y con sentido de respeto razonable a la libertad y sus garantías pero también comprendiendo y aplicando el principio de justicia,  que da a cada cual lo que le corresponde y no más de lo que le corresponde.

Es muy importante que al verificar si se cumplieron los requisitos legales para la captura de una persona,  los jueces tengan en cuenta las circunstancias en que actuó la autoridad policial,  los elementos,  pruebas y documentos que pudo recaudar,  y algo muy importante,  los antecedentes del capturado.  No es norma que una persona haya estado privada de su libertad diez y más veces por el mismo delito y siempre quede libre por insuficiencia de pruebas y de motivos para pensar que constituye un peligro para la sociedad.

Un elemento de la mayor importancia: los videos y grabaciones sobre el momento de la comisión del delito,  la identidad del delincuente,  sus movimientos previos y posteriores al mismo,  los elementos que portaba,  su actitud.  En fin,  el criterio del juez y la crítica que debe hacer del material probatorio son trascendentales para equilibrar las garantías constitucionales y la prevalencia del interés general de la comunidad.  En eso consiste el Derecho: en la sindéresis y el buen juicio., características que debe tener todo juez.

La revisión es urgente; de las normas y de su interpretación.