Asegura el señor Presidente de la Corte que, hasta ahora, no se encuentra vínculo entre la actividad delictiva de ese empleado y los despachos de los magistrados. Hacemos votos porque así sea -y confiamos en que así es-, pero aprovechamos la ocasión para pedir a la Fiscalía y a la propia Corte que adelanten una investigación urgente y exhaustiva, a la que seguramente prestarán todo su concurso los señores magistrados. Y pensamos, además, que la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- debería definir de una vez por toda la situación jurídica del ex magistrado Jorge Pretelt, dado que, tras tres años de las denuncias en su contra por razones similares, el país no sabe si es culpable o inocente.

Debemos ser conscientes de que estas nuevas denuncias, que de suyo son graves en cualquier despacho judicial, lo son mucho más cuando afectan a la más alta corporación judicial de la República. Y, peor todavía, cuando se trata de la acción de tutela, concebida en 1991 como el instrumento judicial idóneo para la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas. Es inconcebible que se genere la desconfianza de la ciudadanía en el proceso de revisión eventual de los fallos proferidos por los jueces y tribunales en la materia. Que se comercialice de manera burda, ilegal y corrupta, el procedimiento constitucional por excelencia orientado a garantizar la vigencia efectiva de las normas superiores y de los tratados internacionales sobre esos derechos básicos, y que se contamine de manera tan sucia como la descrita por el Fiscal el trámite de selección que se surte en la Corte.

No se trata de cualquier cosa; de algo menor, intrascendente o pasajero. Se trata de la tutela y de la Corte Constitucional, depositarias de las garantías y de los derechos. Esas instituciones, sagradas para los colombianos, no deben ser afectadas por esta ola de corrupción en que nos estamos ahogando. Si la sal se corrompe y la dejamos corromper, nuestra democracia está perdida.