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El gobierno de Juan Manuel Santos, a 30 días de entregar el mando, tiene a parte de la población del país en estado de total abandono. Apenas en lo corrido del presente año, van 90 líderes sociales asesinados. Lo peor, ha vuelto la violencia a las zonas que habían sido recuperadas por la Fuerza Pública. Lo anterior, como efecto colateral de su política de mano blanda con el narcotráfico, y su obsesión por negociar con todos los agentes del crimen, en lugar de someterlos al imperio de la ley.
Esta claudicación de las instituciones del Estado de Derecho, ha significado la creación de una cultura perversa del premio al delito y a algunos de sus perpetradores quienes ahora imponen su autoridad atemorizando la población civil en regiones como Caquetá, Norte de Santander, Cauca y Nariño.
El país no debe buscar el muerto río arriba, ni culpar al sofá de la infidelidad. El móvil de estos asesinatos, de los cuales podrían ser responsables las BACRIM, es el resultado del fortalecimiento del narcotráfico, y no se trata simplemente de una cuestión ideológica, como lo plantea Gustavo Petro.
Las BACRIM, junto con la disidencia FARC, son las herederas del negocio del narcotráfico, abandonado por los antiguos carteles de Cali y de Medellín, y las desmovilizadas AUC. Cuando Santos llegó a la presidencia en 2010, Colombia contaba con 60 mil hectáreas cultivadas de coca y en junio de 2018, ya tenemos 209 mil hectáreas. Durante el mismo periodo, la producción de cocaína pasó de 410 a casi 1.000 toneladas métricas, según cifras de MININTERIOR y UNODC, siendo el principal cartel productor la disidencia FARC que nunca entregó al Estado las rutas del negocio ni su producto depositado en paraísos fiscales. ¿Por qué habrían de extrañar al colombiano promedio estas masacres, si es bien sabida la relación directa entre la expansión del narcotráfico y el recrudecimiento de la violencia?
Santos, con el sol a sus espaldas, entrega el poder con un 19% de popularidad, inferior al 21% que registra Maduro en Venezuela. El grueso de la ciudadanía no valora el premio Nobel de Paz por encima de su inconformidad por el hecho de que, en nombre de la paz, se haya querido entregar el país al narcoterrorismo.
El presidente electo, Iván Duque, recibirá el gobierno con altos índices de inseguridad rural y urbana, y tendrá que encontrar soluciones prontas en el marco de un alto déficit de las finanzas públicas.
