Al cumplir su mayoría de edad, el sistema de transporte masivo de Bogotá, TRANSMILENIO, evidencia un notable deterioro en la calidad del servicio que ofrece diariamente a sus dos millones y medio de usuarios, quienes son víctimas de hurto, intimidación, acoso, vandalismo, y obstrucción de la circulación dentro de las estaciones, conectores subterráneos y buses por todo tipo de comercio ilegal, mendicidad y conductas violatorias del Código de Policía y del propio Manual del Usuario del sistema.  

 

Es natural que ciudades densamente pobladas como Bogotá presenten una alta congestión en sus sistemas de transporte, en especial durante las horas ‘pico’. Lo indignante es que se haya permitido el deterioro de un sistema que fuera orgullo de la capital y ejemplo ante el mundo de solución a la congestión de las grandes urbes. Hoy TRANSMILENIO atraviesa su estado más crítico en 18 años en razón del abandono a que las autoridades distritales lo han sometido y, ante el escaso sentido de pertenencia de muchos de sus usuarios.

 

Este sistema de transporte fue la respuesta al servicio caótico, anacrónico y paupérrimo de los anteriores ‘buses cebolleros’. Su implementación demandó una enorme inversión del erario a través del ensamblaje de estaciones cerradas y vigiladas, y la importación de una flota de buses modernos que transitaran por carriles exclusivos, disminuyendo así los tiempos de los trayectos. Ante las nuevas condiciones de seguridad y eficiencia, se invitó a millones de conductores a cambiar el automóvil particular por el transporte masivo, buscando descongestionar las vías y reducir las emisiones de CO2.

Para persuadir a los operadores del transporte tradicional a chatarrizar sus vehículos y entrar en el negocio, se les dio participación accionaria dentro de la sociedad hasta llegar al 95%. Hoy la empresa TRANSMILENIO factura unos $5 mil millones/día, de los cuales los bogotanos (el distrito capital) tan solo recibimos el 5% de las utilidades, pese a haber financiado la reconstrucción de la maya vial, el montaje de las estaciones, y el servicio de vigilancia a través de los bachilleres auxiliares de la Policía Metropolitana. Jugoso negocio para los privados. ¿A cambio de qué?, ¿cuál es su compromiso con el servicio?

 

Hoy el panorama del transporte masivo en Bogotá es el peor de toda su historia. Colados, atracos y homicidios con arma blanca son frecuentes al interior de las estaciones, al igual que el acoso sexual, las lesiones, riñas e invasión por vendedores ambulantes, exiliados y rebuscadores de ayuda humanitaria, en detrimento de la seguridad y la comodidad de los pasajeros, a quienes se invita a pagar un pasaje para sufrir un calvario.

La destrucción de la infraestructura física está desangrando al sistema sin que ninguno de los siete gerentes que han desfilado por la entidad en igual número de años muestre suficiente capacidad de gestión. La pauperización de TRANSMILENIO no ha convocado el interés de los entes de control, ni de concejales o representantes a la Cámara. Solo el Consejo Nacional Electoral intervino para cercenar a los bogotanos su legítimo derecho a pronunciarse  sobre la revocatoria del alcalde.

 

Hoy en TRANSMILENIO todo es anarquía. El Código de Policía no tiene aplicación dentro del sistema y el ‘Manual de Usuario’ del sistema (http://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=visualizar&id=13934&bd=m), aunque existe, es pura letra muerta. La Alcaldía Mayor no se ocupa de la atención integral a la problemática social reubicando, como debería hacer, a los vendedores e invasores, y prohibiendo el regreso de estas prácticas, las que en mala hora fomenta con campañas a en pro de su tolerancia por los usuarios. ¿Qué dice la Procuraduría al respecto? ¿Transgrede el distrito la moralidad administrativa con esta omisión? ¿Qué opina la Contraloría sobre el detrimento mensual generado a la ciudad por los 1,2 millones de colados?

 

La alternativa ante tan grave negligencia de la ‘Bogotá Mejor Para Todos’, es la lucha ciudadana para recuperar lo que fuera hasta hace poco patrimonio de los bogotanos. Un cambio de mentalidad que no justifique transgredir la sana convivencia por motivos de vulnerabilidad social. Una ciudadanía que transforme su frustración en quejas disciplinarias contra los servidores responsables de la crisis. El Consejo de Bogotá y la bancada de Bogotá en la Cámara de Representantes deberán citar a Maria Consuelo Araujo, gerente de TM, y al propio alcalde mayor, para hacer efectiva su responsabilidad política.