Si algo debe caracterizar el ejercicio de la democracia -que ha de tener lugar de modo permanente e ininterrumpido- es la lealtad en las relaciones entre gobierno y oposición. Es un principio cuya aplicación, particularmente en el caso del gobierno, lejos de debilitar,  fortalece.  

En tal sentido, resulta esencial que la oposición pueda exponer con libertad sus argumentos; formular propuestas de orden legislativo; fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo y de la administración; ejercer el derecho de réplica, las libertades de pensamiento, expresión, reunión y protesta pacífica.

Como señala el vigente Estatuto de la Oposición -Ley 1909 de 2018-, "la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas" y  "permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno", mediante los instrumentos legalmente previstos.

El artículo 14 de la Ley establece: "En la instalación de las sesiones del Congreso por parte del Presidente de la República, luego de la transmisión oficial, las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional tendrán un tiempo de veinte (20) minutos para presentar sus observaciones y dar a conocer los planteamientos alternativos, en los mismos medios de comunicación social utilizados para  la transmisión oficial".

Fue precisamente lo que, en actuación indebida, manipuló el saliente presidente del Senado, Ernesto Matías, para sabotear la intervención del vocero de la oposición, Senador Robledo, en lo que aquél mismo definió -en micrófono abierto- como una "jugadita", la última de su ejercicio en la presidencia del Congreso. 

Actuación infortunada e innecesaria. Pésimo antecedente, en que no se obró con lealtad, ni con sentido democrático. Y, por su parte, el Presidente de la República no ha debido abandonar el recinto del Salón Elíptico sin antes haber escuchado al vocero de la oposición.