Cansada de un evismo que, a pesar de mostrar logros económicos significativos, se erigió mesiánico y tramposo en las urnas, la ciudadanía boliviana revalidó su NO a la reelección con prolongadas protestas callejeras, violencia y vandalismo. Inesperadamente, la policía se unió a las manifestaciones contra del caudillo y entonces el estamento castrense, sin personalismos -no veo ningún general o coronel boliviano encabezando un “gobierno de transición”- le “sugirió” al presidente constitucional dejar el poder. Es entendible. Serían ellos, los militares, la última instancia a la que recurriría el gobierno para restablecer el orden y saldrían probablemente a disparar, para lo cual han sido equipados y entrenados. Después, serían abandonados a su suerte por los mandatarios que les dieron la orden y cargarían con toda la responsabilidad como masacradores y asesinos. Recordemos el caso del Palacio de Justicia en 1985 en Bogotá. Ese fatal juego lo conocen muy bien las nuevas generaciones de militares que no son tan tontos para caer en la misma trampa de irresponsables élites políticas. Sin embargo, los Mandos actuales entienden el gran descontento que muestran las encuestas con las llamadas democracias, urgidas de Seguridad y Orden como prerrequisitos ineludibles para cualquier proyecto de progreso y desarrollo. Comprendiendo el sentimiento popular y sin ambicionar ni el poder, ni el protagonismo de sus generaciones anteriores y a contrapelo de los discursos políticos de uno y otro espectro, finalmente en sus sables reside el rumbo de los países latinoamericanos aceptando su papel estabilizador ante la incapacidad e ineficiencia políticas. Por otra parte, son también los fusiles los que sostienen contra viento y marea a dictaduras como las de Maduro, Ortega, Castro y sus respectivas bandas.
Lo de Bolivia es ejemplarizante. El viejo modelo golpista latinoamericano, está virando a una nueva función de los militares y a una nueva dimensión de la policía. Méjico parecer derivar en la misma dirección. Chile y Ecuador tiene las opciones abiertas.
En Colombia, como abrebocas al paro nacional del 21N, un senador, impúdicamente y con torcida retórica, utilizó un bombardeo legal, legítimo y bajo los parámetros del DIH, para vender la imagen de una “masacre de niños” por cuenta de las Fuerzas Militares. El parlamentario abonó a la des institucionalización del país, recabando el negativo de los militares en las encuestas, sin mencionar el positivo, que ronda el 70%, convirtiéndolos desde hace mas de una década en la institución de mayor confiabilidad en Colombia.
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