Por eso, llama la atención que 10 Obispos de la Región del Pacífico y Suroccidente de Colombia, en una carta al gobierno traten de manera discriminatoria y viciada a los actores violentos de esta estratégica región. Todas las bandas que asesinan a los genéricamente llamados líderes sociales, a policías y soldados, que intimidan, fuerzan el desplazamiento de comunidades, extorsionan, reclutan y violan menores, están indefectiblemente ligadas al narcotráfico. Pero para los firmantes del documento, con el eln se debe “lograr un acuerdo de paz” mientras que con las AGC y estructuras similares, se debe posibilitar “un acogimiento colectivo a la justicia”. Su pastoral pareciera justificar el apostolado cristiano comprometido con los mas pobres, homicidio incluido (Teología de la liberación). O el Estado los sanciona a todos de acuerdo al código penal vigente o negocia con todos, siguiendo el terrible mal ejemplo habanero, que sumió la moral nacional en la bancarrota. Igualmente, insisten los purpurados en la existencia de un “Conflicto armado”, cuando lo que está atestiguando la opinión pública son las actividades criminales de eln, farc, clan del Golfo, carteles mexicanos y otros. No hay ninguna ideología que justifique lo que está sucediendo.
En el mismo mensaje, los firmantes mencionan “posibles situaciones de connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con grupos ilegales”, generalización que con la orquestación de algunos periodistas que amplifican la presencia paramilitar en Bojayá sin mencionar al eln, debilita la institucionalidad a punta de rumores y verdades a medias. A este paso, pronto surgirá la idea de entregarle la seguridad de la costa pacífica a la Guardia Cimarrona, Indígena o campesina, legitimados en Cuba, mientras el asedio mediático contra nuestros militares llevará a algunos “analistas” de bolsillo y parlamentarios comunistas, siguiendo el ejemplo de la Ministra de Defensa de Argentina, a considerar la opción de acabar el Ejército bicentenario. Pesadilla en desarrollo.
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