La JEP niega la condición de víctimas a los estudiantes militares de un centro universitario, que tiene protección especial de acuerdo al DIH, atacado con un carro bomba (arma no convencional prohibida por el DIH y el protocolo de Kioto) en medio de un área residencial habitada por civiles. Se repite lo del club el Nogal, que según los narcoterroristas, era un centro de planeamiento militar. La JEP facilita la fuga de los cabecillas, avala vacaciones de asesinos confesos, recibe las declaraciones de los narcoterroristas farianos en recinto cerrado mientras permite que las barras bravas de la izquierda, abucheen a los declarantes militares. En esta misma corte inquisitorial impuesta desde La Habana, los narcoterroristas farianos declaran no haber secuestrado y contra toda evidencia documental y testimonial, juran nunca haber maltratado a sus secuestrados. Niegan sus campos de concentración, mientras la magistrada del caso, en trance de ensoñación, sonríe pensando en Arturo Cova, el de “La Vorágine” y no en alias “tornillo”, el senador.  En esa supracorte sin credibilidad, la barbarie y el sinsentido de la justicia comunista muestra todo su nauseabundo esplendor, avanzando entre malabarismos legales y falacias retóricas. Entretanto, la iñiguista Comisión de la verdad insiste en recrear la historia, inventando nuevos héroes donde solo hay delincuentes y depredadores y estigmatizando a los soldados, los verdaderos héroes hijos del pueblo. La tenaza JEP –verdad jurídica negacionista - Comisión de la verdad – verdad histórica revisionista - intenta reconstruir y legalizar el pasado para ofrecer un futuro socialista de pauperización y miseria. Como en Venezuela.