En nuestro estado social de derecho, la Constitución Política reconoce como el más preciado de los bienes: la vida, y los derechos conexos que se hacen necesarios para su conservación y dignidad (La salud, la igualdad, la libertad). Tal vez, en el segundo lugar en su orden de importancia, la propiedad privada que goza de especial protección y garantía de los derechos adquiridos con arreglo de las leyes. Conforme lo establece el artículo 58 de la Carta Magna.

Es de resaltar que los argumentos del constituyente pasan a ser una retórica inaplicable ante la situación real de los hechos que se presentan; la apropiación de terrenos de manera irregular no solo transgrede el sagrado derecho a la propiedad privada que ostentan los dueños de los predios invadidos, sino que, con esta forma irregular de apropiarse de lo ajeno, se pone en peligro la vida de los invasores, el medio ambiente y de los propietarios de terrenos aledaños.

Es preocupante observar el crecimiento de invasiones en el distrito de Cartagena a los ojos de la comunidad y las autoridades; el Cerro de la popa, los manglares ubicados al margen del nuevo viaducto de la vía del mar, los cerros de Albornoz, están siendo invadidos y ninguna autoridad se manifiesta para evitarlo. Quienes se dedican a esta práctica delincuencial, deforestan, destruyen manglares y menoscaban terrenos frondosos, con el fin de asentarse o  provocan incendios con el propósito de obtener los lotes de los cuales pretenden apropiarse. 

Son vulnerables las áreas de especial protección que ante la ausencia de control por parte de las autoridades, son arrasadas y convertidas en zonas de tugurio; perjudicando a los propietarios, poniendo en peligro la vida de los vecinos e incluso, la vida de los propios invasores.  

Una democracia que no materializa la defensa y garantías a la propiedad privada, no tendrá un futuro promisorio, el permitir asentamientos irregulares, es consentir la proliferación de la pobreza, la inseguridad y toda forma razonable de progreso. Más aún, cuando la invasión es realizada en zonas de ladera, como ocurre en el cerro de la Popa y en los Cerros de Albornoz, considerados zonas de alto riesgo para vivienda. 

El control a las invasiones peligrosas, debe ser una prioridad de la administración, porque cada invasión que se genera, es un peligro inminente contra la sociedad.

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