El proyecto de tercera reforma tributaria -mal estructurado, tardíamente divulgado y no consultado oportunamente con los partidos, incluido el de gobierno- es bueno para los grandes patrimonios y para los más ricos, pero perjudicial para los pobres, para los desempleados, para la clase media, para los independientes, para los medianos y pequeños empresarios, para las familias, para los pensionados, para los agricultores y en general para el país.  

Pese a los eufemismos con los cuales se quería disfrazar el esperpento, la ciudadanía es menos ignorante y despistada de lo que cree el Ejecutivo, y muy pronto se percató de que se trataba de un regalo envenenado -presentado como programa social- y decidió protestar en forma pacífica en las calles este 28 de abril. Aunque no era lo más aconsejable desde el punto de vista epidemiológico, pues estamos en el momento más grave de la expansión del coronavirus, lo cierto es que mucha gente -desesperada por la grave situación económica, por el desempleo, por la creciente pobreza y por la indolencia gubernamental- prefirió salir a marchar, asumiendo el riesgo, que abstenerse de formular al Gobierno -de manera directa y clara- una serie de reclamos represados por la pandemia. 

En consecuencia -haciendo uso del derecho fundamental a la protesta pacífica -que no la puede prohibir el Estado sin violar la Constitución-, miles de personas de distintos estratos, en las principales ciudades. salieron a marchar, de manera ordenada y pacífica. Pero, como muchos lo presentíamos, no tardaron en aparecer los vándalos -encargados, no sabemos por quién, de desacreditar las marchas- y se produjeron actos violentos, ataques a bienes públicos y privados y obstrucción de vías y transporte. Todo lo cual fue presentado en algunos medios como lo predominante del día. 

Miradas las cosas objetivamente, aunque hubo violencia -lo cual debe ser rechazado, investigado y sancionado-, a nuestro juicio, no fue esa la característica principal de la jornada. Lo fue, indudablemente, el descontento popular, el rechazo a la proyectada reforma y a erróneas políticas gubernamentales en el campo social, el cansancio frente a una administración desconectada de la realidad, empeñada en las apariencias y la imagen, alejada de los derechos y las garantías y poco austera. Todo lo cual fue confirmado por el mismo presidente de la República cuando al día siguiente, sin la más mínima alusión al mensaje que hacia él había venido desde las calles, declaró que la malhadada propuesta de reforma tributaria no sería retirada.  Después, con la colaboración de algunos medios, todo se centró en los actos violentos -no imputables a los marchantes-, y se sustituyó el diálogo institucional por el autoritarismo; el intercambio fecundo de ideas y propuestas -con miras al consenso- por la imposición arbitraria del proyecto y por la militarización de las ciudades. 

No lo vimos bien, a la luz de la democracia. Un gobernante verdaderamente demócrata, en un Estado Social de Derecho, escucha, dialoga y procura entender a aquellos a quienes gobierna. Sabe que, ante todo, es un servidor público, no un monarca. De lo contario, es un mal gobernante y no es un demócrata.

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