La declaración universal de los derechos humanos, y la constitución política, han establecido como pilar de la justicia el debido proceso, “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” (Art. 29 Constitución Política de Colombia).

Los derechos de las personas tienen un límite que no puede ser sobrepasado. La dignidad humana en un Estado democrático y social de derecho es tutelada y amparada por la Carta Magna; es por esto, que nadie puede emitir acusaciones o imputar actos criminales de corrupción o apropiación de recursos de manera directa contra los presuntos autores, sin que exista prueba de ello.

Los medios de comunicación y las redes sociales, se han convertido en un canal que permite a la sociedad enterarse en tiempo real de lo bueno o lo malo que ocurre. Las noticias, no solo locales y nacionales, sino también las que se proyectan a nivel mundial, hacen parte de la información.

El Articulo 20 de la Constitución Política de Colombia, consagra: “Toda persona es libre de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad no habrá censura.”

Es frecuente estar en presencia de un choque o tensión entre el derecho humano fundamental a expresar y difundir libremente el pensamiento y el derecho al buen nombre, la intimidad personal, la dignidad humana, siendo titular de la supremacía, el derecho humano fundamental al debido proceso.

De estas tensiones no se escapa nadie. Desde expresidentes, senadores, ministros, funcionarios de elección popular o nombrados, artistas, deportistas, personas públicamente expuestas o desconocidas, periodistas y aún quienes participamos en los medios como generadores de opinión, debemos recordar que los derechos propios tienen como límite, los derechos de los demás.   Es de personas prudentes respetar la constitución, las leyes y la honra de los semejantes. Por más sospecha o presunción de actuaciones que puedan configurar delitos, es la justicia la que tiene la última palabra, aunque hemos visto que cojea, algún día llega.  

No podemos transgredir la ley, ni los derechos humanos, amparando argumentos en presunciones, es mejor desarrollar el don de la paciencia, para esperar que al infractor le llegue su castigo y así la sociedad pueda ser informada con responsabilidad, si esto sirve de algo.

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