La celebración tuvo lugar en todo el mundo el pasado domingo, y en Colombia sirvió para que muchos reflexionáramos sobre el proyecto que impulsan el presidente Gustavo Petro y su equipo, con miras a lograr la paz total, mediante el denominado cese multilateral del fuego. Una iniciativa que merece apoyo, siempre que, en su implementación y desarrollo, sean respetados los principios y mandatos constitucionales, y que no se genere la impunidad frente a las masacres y actos terroristas de diaria ocurrencia en el país. 

El 2 de octubre de 2016 se votó en Colombia el plebiscito respecto al Acuerdo Final de Paz firmado en Cartagena entre el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Ganó el NO, como consecuencia de la confusión generada por el propio Gobierno, al pretender que -sin conocerlo, porque no fue adecuadamente divulgado- los ciudadanos votaran favorablemente un voluminoso documento de casi trescientas páginas. Pero la Corte Constitucional, en sentencia de la cual discrepamos -aunque respetamos- decidió autorizar que un nuevo y más voluminoso texto -suscrito en Bogotá- debería ser sometido a refrendación “popular”, pero no del pueblo, sino del Congreso. 

El hecho cierto es que, sobre esa base y por procedimiento abreviado (que denominaron “Fast track”), el Congreso aprobó varios actos legislativos, reformatorios de la Constitución, y varias leyes, con el fin de implementar el aludido Acuerdo, y esas normas, en cuanto fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, hacen hoy parte del sistema jurídico y deben ser respetadas y cumplidas por ambas partes. 

Con todas las reservas sobre la idoneidad de los procedimientos adelantados y acerca del contenido de las disposiciones aprobadas, reiteramos: el Estado tiene la obligación de honrar su palabra, acatar esas reglas -que la Corte encontró ajustadas a la Constitución-, desarrollar lo allí previsto y, desde luego, exigir que la otra parte en el Acuerdo cumpla aquello que le corresponde y -claro está- con las consecuencias que las normas constitucionales previstas para quienes siguieron delinquiendo después de su entrada en vigencia.  

El Gobierno debe cumplir, y procurar -como propone el actual presidente- que otras organizaciones guerrilleras se sometan al Derecho, dejen de delinquir, adelanten los diálogos, lleguen a acuerdos con el Estado y los cumplan. Habrá que dictar nuevas normas, según lo que se pacte, para salvar muchas vidas y alcanzar la paz tan anhelada por los colombianos. 

Por otra parte, la sociedad toda debe emprender una campaña de largo aliento, orientada a la educación y de nuestros niños y jóvenes, y de mayor exigencia a los mayores -en todos los frentes- para formar una cultura de la no violencia.

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