Hernando Valencia Villa es el autor de una obra titulada Cartas de Batalla. En ella sostiene que, históricamente, las constituciones políticas en Colombia han sido verdaderas conquistas en el marco de las guerras repetidas que han desangrado la patria. Son una suerte de armisticios impuestos para consolidar el dominio del vencedor sobre el vencido e instaurar un nuevo orden político. Se trata de auténticos botines de guerra.
Más allá de si se comparte o no la tesis del profesor Valencia, es claro que el país padece de un exagerado reformismo constitucional. Mientras que en Colombia se han sucedido, por lo menos, unas dieciséis constituciones a lo largo de 215 años de vida republicana, en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha mantenido una misma constitución (cuya versión original data de 1787). Pese a la imposibilidad de comparar dos naciones tan disímiles, no sobra recordar que el constitucionalismo colombiano se precia de haber sido notoriamente influenciado por el norteamericano. En todo caso, los hechos superan siempre a las formas.
La actual constitución de Colombia apenas va a cumplir 25 años de vigencia. Es una carta joven, que contiene un nutrido y variado catálogo de derechos y varias innovaciones respecto de las constituciones políticas liberales, paradigmáticas de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII. Se encuentra pues a la vanguardia de los “contratos sociales” contemporáneos. Sin embargo, lo más significativo de la Constitución de 1991 es ser producto del consenso de varias fuerzas políticas rivales que coincidieron en la necesidad de un cambio institucional que permitiera al país liberarse de la violencia del narcotráfico y de la debilidad institucional.
Pese a ello, soplan vientos de constituyente. Con ocasión de la coyuntura del acuerdo de paz, varios sectores políticos (entre ellos la guerrilla de las FARC) han propuesto la posibilidad de convocar una asamblea nacional que sustituya la Constitución del 91 por otra nueva (¿la Constitución de 2017, quizás?). Esgrimen varios motivos en favor de este cambio. Uno de ellos es que el actual ordenamiento no permite refrendar una negociación de paz. Otro, que se requiere un nuevo acuerdo nacional para refundar (otra vez) la patria y para establecer un proyecto de Nación que incluya las ideas de los grupos guerrilleros en lugar de excluirlas (como ocurrió durante el frente nacional).
Es claro que aquí todo el mundo quiere su pedacito de legitimidad, que las FARC quieren refrendar los acuerdos de paz entre el Estado y sus movimientos a través de una constitución que les permita imponer, al menos parcialmente, su ideología. Se pretende entonces otra “carta de batalla”, una que someta a todos los colombianos a la visión política de los alzados en armas y de otros oportunistas que ya están avizorando cambios constitucionales en favor de intereses particulares. Esto es peligrosamente similar al fenómeno advertido por Valencia Villa en su texto.
Aunque puede parecer razonable a primera vista la creación de una nueva constitución para incorporar la posición de las guerrillas al “contrato social”, considero que esto es peligroso y contraproducente por varias razones. Primero, porque es claro que la Constitución de 1991 puede adaptarse y permite, a través de su reforma, cumplir con el mencionado objetivo de integrar otros ideales políticos. Segundo, porque los riesgos que entraña sustituir la Carta de 1991 son inaceptables para la democracia colombiana.
En efecto, pese a los problemas que ha suscitado la aplicación de una Constitución tan ambiciosa y promisoria como la vigente, es claro que se trata de una Carta moderna, liberal, defensora de los derechos de todos los ciudadanos (especialmente de los más vulnerables), la piedra angular del Estado Social de Derecho. Con todo, siempre es mejor bueno conocido que malo por conocer.
Con algo de pesimismo, debo afirmar que es difícil que Colombia vuelva a alcanzar el consenso político para expedir una norma jurídica de las cualidades de la Constitución de 1991. No cabe duda que la hipotética “Constitución de 2017” será mucho más regresiva, más autoritaria, menos garantista y menos congruente con la voluntad de los ciudadanos que su predecesora. Esto se debe a los ánimos reaccionarios de quienes todavía consideran que la constitución política es un botín de guerra.
Por lo tanto, la mejor alternativa es el mantenimiento (con reformas) de la Constitución de 1991. Su consolidación, fortalecerá el Estado Social de Derecho, la democracia participativa, la igualdad material, la vigencia de los derechos fundamentales, económicos sociales y culturales y colectivos. En cambio, su sustitución propiciaría la expedición de una nueva “carta de batalla”, de una nueva constitución de conquista que permitiría imponer (quizás a través del chantaje) las visiones de los vencedores ideológicos del proceso de paz sobre una mayoría de colombianos que ya ha logrado un consenso en torno a los valores que representa la Constitución vigente.
Privilegiar la “carta de batalla” de 2017 sobre el consenso de 1991 abre la puerta a la inestabilidad, somete a los colombianos a negociar (por segunda vez en menos de treinta años) los fundamentos de su vida como sociedad. Se corre el riesgo de iniciar otro ciclo de rencor entre quienes se perciben a sí mismos como vencidos, con el fin de derogar la constitución vigente y reemplazarla por otra que sea afín a sus ideologías. Lo peor de todo es que la decisión ni siquiera parece estar en manos de los ciudadanos.
