A favor del Senado debe decirse que actuó con independencia al momento de escoger el nombre del nuevo Magistrado de la Corte Constitucional, de terna enviada por el Consejo de Estado.

Ha elegido al doctor Sierra Porto, un jurista costeño de cuidadosa formación en Derecho Público, quien desempeñará el cargo durante los próximos ocho años, en reemplazo del exmagistrado Montealegre.

Los otros dos candidatos  -la doctora Caldas y el doctor Rodríguez-  no son menos importantes, y cualquiera de ellos, si hubiese resultado elegido, habría sido con certeza un miembro excelente de la aludida Corporación.

Ellos no tuvieron la culpa, por lo que sabemos, pero el trámite del proceso dejó mucho qué desear y convirtió la plaza vacante en “trofeo”  del Gobierno o de sus opositores.

Unos columnistas, en nombre de la patria, decidieron que esta votación era crucial para el futuro institucional de la República; descalificaron sin motivo a uno de los candidatos  -precisamente el doctor Sierra Porto-;  lo satanizaron, y comenzaron una “campaña”      -en la que, quiera Dios no sea cierto, se afirmó que participaba activamente el Ejecutivo-  para salvar al país de un magistrado tan peligroso, asegurando por paradoja su elección.

Inmisericordemente se perdió de vista que un Magistrado de la Corte Constitucional no puede ser “ficha” de nadie, ni representante de ningún gobierno, ni vocero de oposición alguna; y que sus conceptos jurídicos  -no importa cuáles sean-,  dentro de un criterio democrático y pluralista, son altamente respetables, y no se pueden convertir en motivo de persecución, exclusión o rechazo.  Menos todavía para el desempeño de un cargo en el que se necesita, ante todo, capacidad de análisis, fuerza en las convicciones, imparcialidad, rectitud en la toma de decisiones y valor para adoptarlas sin sujeción al halago ni a la crítica.

Se habló de mayor o menor “cercanía” de los candidatos a la Casa de Nariño. Pero en verdad  -si bien el Palacio de Justicia está a pocas cuadras-  la mejor prenda para la institucionalidad y el Derecho, cuando de un Magistrado se trata, es su total distancia del gobernante de turno y su completa inmunidad al “manoseo” que se pretenda ejercer desde las altas esferas oficiales.

No, señores. Aquí no se estaba participando en un “Reality Show” de nuestra mala televisión; ni se jugaba la suerte de la actual coyuntura política; ni se disputaba una final de fútbol.

Se seleccionaba, entre tres candidatos  -todos capaces y sin tacha-,  un Magistrado del Tribunal Constitucional de la República, en cuyas manos habrá de estar, por ocho años, la inmensa responsabilidad  de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, y de velar por la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, las libertades y las garantías públicas. Y ese proceso debe surtirse dentro del mayor respeto a la institución que elige y a aquella de cuya composición se trata.

Después de elegido el doctor Sierra, se ha oído en el programa radial del ex ministro Fernando Londoño la descalificación del actual Ministro Sabas Pretelt por no haber podido sacar adelante en el Senado el triunfo de la candidata del Gobierno, y hasta se ha pedido su cabeza. ¡Vaya despropósito!