El Presidente norteamericano Barack Obama, quien como se sabe es un connotado constitucionalista, ha presentado en las últimas horas una demanda contra la Ley SB 1070, del Estado de Arizona, mediante la cual se establecieron rígidas disposiciones contra los inmigrantes. Esta ley, como se recordará, criminaliza la presencia de indocumentados en ese Estado.

Obama ha acudido ante un tribunal federal del Distrito de Phoenix, expresando que con su libelo intenta restablecer la supremacía de las leyes federales (en materia de migración) sobre las leyes de los Estados. Es decir, el argumento principal es la falta de competencia del Estado de Arizona por cuanto la función de regular los asuntos de migración corresponde al legislador federal.

Obama ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad y una moción mediante la cual solicita impedir la entrada en vigor de la Ley, una de las más controvertidas en los últimos tiempos. Respecto de ella la población norteamericana está dividida; por supuesto, los latinos y los inmigrantes se oponen; los estadounidenses en su mayoría la apoyan.

“Bajo la Constitución  -dice Obama-  sólo el Congreso federal tiene autoridad para dictaminar en asuntos de migración”. Hay en este caso, según el gobernante, usurpación de funciones federales.

La Ley está llamada a entrar en vigencia el 29 de julio, y a partir de entonces los policías locales y estatales deberían interrogar y solicitar documentos a todas las personas, arrestando y judicializando a quienes se encuentren indocumentados, o circulen ilegalmente en territorio de Arizona.

Una vez conocida oficialmente la decisión del Presidente Obama de formular la demanda, fue felicitado por el gobierno mexicano de Felipe Calderón. La norma, según los aztecas afecta potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos.

Como lo ha anunciado oficialmente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y lo ha dicho también la Cancillería, “esta decisión del Ejecutivo estadounidense se suma a las acciones ya presentadas en contra de la Ley SB 1070, incluida la demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles y a la que el Gobierno de México apoyó bajo la figura de “Amigo de la Corte” o “Amicus Curiae”, es decir, a título de coadyuvancia, el pasado 22 de junio.

La Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sostiene que la actitud del Gobierno norteamericano es equivocada, pues en su sentir se están dilapidando recursos. Dice que Arizona se encuentra “bajo el ataque” de los narcotraficantes, traficantes humanos, delincuentes, ilegales y ahora, del Gobierno federal.

Así como ocurre en Colombia, estamos pendientes de lo que decidan ahora los jueces constitucionales, y el tema es trascendental, no sólo por el efecto concreto, en cuanto a los millones de latinos que serán perseguidos en territorio norteamericano, sino por la necesaria distribución de competencias entre los Estados y la Federación.