Al finalizar la ronda de diálogos número 37 en La Habana, una de las principales noticias a resaltar fue la creación de una “Comisión de la Verdad” para el esclarecimiento de los crímenes y actos cometidos durante el conflicto armado que aqueja al país desde hace varias décadas. Esta institución se pretende, según el comunicado conjunto de las comisiones negociadoras del Gobierno y de las FARC, como una “entidad de nivel nacional, con un enfoque territorial, cuyo mandato será esclarecer infracciones graves a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, en especial las de carácter masivo” [1].
Así, se prevé que la Comisión de la Verdad tenga como fin “establecer “las responsabilidades colectivas" del Estado, las FARC, los paramilitares, y otros grupos o entidades”.
Ahora bien, la necesidad de una Comisión de la Verdad es algo que se ha debatido a lo largo de la ocurrencia de procesos de justicia transicional alrededor del mundo. La conveniencia o no de contar la verdad y del mecanismo que se elija para tal, son temas que van más allá de la simple reglamentación y que comprometen estudios sociológicos y médicos acerca de la incidencia de hacerlo en las víctimas. Se ha afirmado, y se tiene en la consciencia general, que la verdad es primordial parar curar las heridas causadas en el conflicto y que es un camino directo a la conciliación. Sin embargo, estudios han encontrado que el proceso de contar la verdad puede no ayudar mucho en la reparación psicológica de las víctimas e incluso empeorar la situación del tejido social. Reconoce Brahm (2005) que las comisiones de verdad en el análisis de setenta y ocho países durante los años 1980 hasta el 2003 tuvieron un mínimo (y en algunos casos negativo) efecto en el respeto por los derechos humanos y nigún efecto en la práctica democrática. A la anterior conclusión, se suma Meernik (2005) donde reconoce que los juzgamientos y arrestos de grupos por el Tribunal para la Antigua Yugoslavia causaron incluso un incremento de hostilidades entre grupos étnicos de Bosnia y Herzegovina e incluso que el mismo, junto con su mecanismo de descubrimiento de la verdad, no ayudaron a la construcción de la paz en dicho país.
Los anteriores resultados, explica Karen Broneus (2010), el entorno del proceso de contar la verdad en una Comisión de la Verdad suele ser público, abierto y nunca con un fin terapéutico sino informativo. Esto quiere decir, que el proceso de contar la verdad se limita a establecer información sobre los hechos sucedidos para diferentes fines distintos al de sanar posibles traumas de las víctimas. Incluso prosigue Broneus (2010) en su estudio, que aquellas víctimas y testigos presenciales de los hechos, presentaban más altos niveles de depresión que aquellos que no asistían a esas audiencias en el marco de comisiones de verdad.
¿Es entonces un mecanismo colegiado, nacional y despersonalizado adecuado para un estudio legítimo de lo sucedido en el conflicto colombiano? El panorama no parece alentador. La idea de un mecanismo independiente y autónomo con fines no judiciales, pero encaminado a establecer responsabilidades colectivas es un contrasentido en sí mismo; aquello dicho en esa comisión, informa BBC, “no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales”[2] .
Por lo tanto el fin de aquel mecanismo parecer ser el de un conocimiento político de aquellas atrocidades, que aun siendo masivas, quedaron con cabos sin atar; cuando el fin último de la verdad en un proceso de este tipo es ser otorgar las posibilidades para establecer un escenario de perdón legítimo.
Para ello, la participación del proceso del esclarecimiento de la necesidad de la verdad debe ser dispuesta únicamente por las víctimas. Esta idea se hace más clara si tenemos en cuenta que las necesidades de verdad varían frente a cada persona y que el proceso de interiorizarla varía de manera gigante de persona a persona. Es un despropósito, entonces, que las acciones de esta próxima Comisión de la Verdad se limiten especialmente al esclarecimiento de hechos masivos, pues se despersonaliza una necesidad íntima y propia. Lo ideal, y lo que proponemos desde este escrito, es que se analice que los efectos de conocer la verdad para llegar a una eventual reconciliación sobre cada víctima varían, y que el mecanismo que se idee debe contemplar una “personalización de la verdad” en donde la víctima pueda disponer del grado de verdad que para la reconciliación y la disposición de perdonar pueda necesitar. Para esto el Estado debería garantizar el acceso individual y atender en lo posible la totalidad de las víctimas ante una comisión que pueda darles respuestas.
David Guerrero
Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho
Twitter: @Unvaciadomas
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