Las tendencias globales en materia comercial y la necesidad de acomodar el desarrollo dinámico y vertiginoso de las reglas y prácticas mercantiles a la realidad colombiana, son algunos fundamentos del Proyecto de Ley 070 de 2015 que tiene por objeto extender algunos beneficios de la Sociedad por Acciones Simplificada a otro tipo de estructuras societarias preexistentes, por el hecho de ser una forma asociativa exitosa y contemporánea en el Derecho Comercial latinoamericano.

 

Lo anterior no es otra cosa que el reconocimiento de las  múltiples ventajas que la SAS ha permitido desarrollar por ser un modelo híbrido entre sociedad de personas y de capital con tintes particulares, entre los que se encuentran: la limitación de la responsabilidad, el bajo costo en su constitución y el fortalecimiento de las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades[1], que son núcleos temáticos esenciales del actual proyecto de reforma al régimen societario  y que han sido objeto de debate académico y jurídico.

 

Lo que se pretende resaltar en particular es que el papel de la Superintendencia de Sociedades en materia de resolución de controversias de ésta índole de una u otra forma ha ido desplazando y reemplazando a la jurisdicción ordinaria y que desde la implementación de la ley 1258 de 2008 ha tenido especial auge. No obstante, resulta importante cuestionarse  hasta qué punto entra en juego el principio de separación de poderes  contemplado en el art 113 CP, el derecho fundamental al debido proceso y el mandato constitucional establecido en el art 116 en virtud del cual “excepcionalmente”  se inviste a las autoridades administrativas para que desarrollen funciones jurisdiccionales.

 

Y es que en Colombia la excepción es la regla, de ahí la amplia atribución de administrar justicia de la Supersociedades cada vez más robustecida y su Delegatura de Procedimientos Mercantiles ha desempeñado un papel tal, que hoy en día los principales litigios en la materia se desarrollan en ese escenario y los precedentes “judiciales” que allí se producen son incluso los que han inspirado múltiples reformas y avances.

 

Dentro de ese contexto, no se puede desconocer el hecho de que una vez más se hace visible la preeminencia de la rama ejecutiva del poder público y el sistema de pesos y contrapesos se debilita al no prestar atención a los principios propios de la administración de justicia, al criterio de excepcionalidad y al respeto por la especialidad [2]. 

 

En el caso particular, al incrementar las facultades jurisdiccionales de dicha autoridad administrativa resulta casi imposible diferenciar la funciónes propias de la rama ejecutiva y de la judicial, aunque en todo caso debe tenerse en cuenta que “el grado de separación máxima que se exige entre las distintas agencias estatales, que se exige para un gobierno libre, no puede mantenerse nunca en la práctica (…) y el poder tiende a extenderse y es necesario refrenarlo” [3] . 

 

A su vez, con el Proyecto de Ley objeto de debate  se pretende reforzar y ampliar la competencia de la  Superintendencia para eventualmente poder evacuarse por la vía del proceso verbal sumario (únicamente) cualquier conflicto intrasocietario que se presente con independencia del tipo social y de la legitimación en causa de quienes para el momento no gocen de la calidad de asociados;  controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de normas propias del Derecho Societario; la liquidación o disolución de la sociedad cuando se afecte el orden público económico y se viole la Carta Política, la Ley y los estatutos; procesos en los que se debata la inexistencia, ineficacia, inoponibilidad o nulidad de los negocios celebrados por una compañía; asuntos  en materia de responsabilidad de administradores (en los que se incluye la novedosa acción derivada), etc.

 

Para nadie es un secreto, que respecto de los diferentes sistemas de administración de justicia a nivel mundial, el caso de Colombia es uno de los más ineficientes del mundo, pues se encuentra ubicado en el ranking 149 de 183 países de acuerdo al indicador que mide la eficiencia judicial del estudio del Banco Mundial,  Doing Business (año 2012) [4]  y en el puesto 88 entre 142 países en lo que respecta a la eficiencia del marco legal para resolver disputas según el análisis del Foro Económico Mundial del año 2011[5] .

 

Además, respecto del nivel de confianza de los ciudadanos sobre la calidad de las instituciones judiciales en general y en particular la calidad de los jueces, las estadísticas indican que en actualidad, “solo el 34% de los colombianos confía en los jueces; 54,2 confía en el sistema judicial colombiano; 57,8% confía en la Corte Suprema de Justicia” [6]. Sin embargo se resalta que el legislador no debe atribuir facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas de forma arbitraria o “acudiendo a criterios de carácter meramente eficientistas la mayoría de los cuales se venden con el planteamiento mediático de que la justicia está desbordada” [7].

 

Finalmente, queda delimitada la discusión entre la posibilidad de justificar de una u otra forma aquel núcleo del Proyecto de reforma del  régimen societario, cuya lectura además debe hacerse en conexidad con el artículo 24 del CGP y permitir la evolución jurisdiccional de la Supersociedades por la deficiente justicia colombiana, la falta de especialidad de los jueces en dicho campo  y la lejana posibilidad de crear una “jurisdicción especializada” en materia societaria, o, continuar convirtiendo una excepción en regla, una facultad transitoria en permanente, privilegiando el eficientismo [8]  y socavando derechos y principios de rango constitucional por proteger al buen hombre de negocios con “jueces” sofisticados [9]  y especializados.

 

 

 

Andrea Carolina Torres Sarmiento

Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho

Twitter:@carytosar

 

 

 

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