Algunas consideraciones acerca del trámite que se adelanta en el Congreso sobre el proyecto de Acto Legislativo denominado “equilibrio de poderes”.

 

Ante todo, resulta cuando menos contradictorio que precisamente en momentos en que se busca acabar con la impunidad existente para quienes desempeñan altos cargos, se amplíe el número de los aforados, incluyendo ahora al Procurador, al Contralor y al Defensor del Pueblo.

 

Muchos son los partidarios de eliminar algunos de los fueros vigentes, que, si bien gozan de tradición entre nosotros, han sido consagrados de tal manera que conducen a la impunidad (piénsese, por ejemplo, en la ineficiencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara), y además rompen por completo la igualdad ante la justicia.

 

Ahora bien, en el aspecto procesal, el artículo 375 de la Constitución es claro: en el segundo período ordinario de sesiones en que se discute y aprueba una reforma constitucional no se pueden presentar iniciativas que no fueran presentadas y discutidas en primera vuelta.

 

Este principio, que la Corte Constitucional ha hecho valer en varias ocasiones (principio de consecutividad), es propio de constituciones formalmente rígidas como la colombiana. Constituciones que  no se deben modificar a cada paso ni al ritmo de acontecimientos coyunturales o transitorios, como resulta del conocido “sentimiento constitucional” del que hablara Karl Loewenstein.

 

La Corte también ha dicho que los ocho debates son indispensables para que una reforma constitucional no se discuta a la carrera, ni en virtud de afanes políticos momentáneos (ver, entre otras, la Sentencia C-222 de 1997).

 

En el caso presente, en segunda vuelta se están introduciendo elementos de fondo, no votados en primera vuelta, que –por tanto- violan la Constitución.

 

No se sorprendan después si la Corte Constitucional los declara inexequibles.